Redacción Dinero.com.sv 
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos, normativa vigente desde 1999, con el objetivo de fomentar la competencia en la intermediación financiera, atraer inversión internacional y facilitar nuevas fuentes de acceso al crédito para la población. La propuesta será llevada a votación en la próxima sesión plenaria, donde se definirá si la reforma es aprobada o no.
La iniciativa fue presentada a solicitud del Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC), que argumentó la necesidad de eliminar barreras que, según expuso, limitan la entrada de nuevos competidores al sistema financiero salvadoreño.
Actualmente, el artículo 10 establece que el 51% de las acciones de los bancos del país debe estar en manos de un tipo específico de accionista, ya sea personas naturales salvadoreñas o centroamericanas, o bancos de origen centroamericano. De derogarse esta disposición, se eliminaría esa restricción, permitiendo la participación de otros inversionistas que no necesariamente cumplan con ese criterio de nacionalidad.
Para profundizar en el análisis técnico, la comisión recibió a la superintendente del Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Evelyn Gracias, y a la superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras, Daysi Minero.
Según explicó la superintendente Gracias, abrir el mercado a nuevos capitales permitiría incrementar la competencia en la intermediación financiera, lo que a su vez generaría más opciones de financiamiento para ciudadanos y empresas. Señaló que eliminar restricciones legales que dificultan el ingreso de nuevos actores es clave para ampliar la oferta de crédito y responder a las necesidades de inversión, consumo y desarrollo de distintos sectores económicos.
Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Dania González, afirmó que una mayor competencia se traduce en mejor calidad de servicios financieros. Añadió que revisar normativas vigentes desde 1999 responde a la necesidad de actualizar el marco legal conforme a la dinámica económica actual.
De ser aprobada en el pleno legislativo, la derogatoria del artículo 10 modificaría las condiciones de participación accionaria en el sistema bancario salvadoreño, con el propósito de dinamizar el sector, atraer inversión de alto nivel y ampliar las alternativas de financiamiento disponibles en el país.
