
Un grupo de 158 familias salvadoreñas recibió sus escrituras de propiedad tras años de espera, como parte del proceso de regularización impulsado para resolver las irregularidades vinculadas a la lotificadora ARGOS. Estas personas habían cancelado el valor total de sus terrenos, pero no contaban con el documento legal que las acreditara como propietarias.
La entrega forma parte de una nueva jornada liderada por el Ministerio de Vivienda de El Salvador, que ha permitido avanzar en la solución de uno de los casos más complejos en materia de vivienda en el país. Este proceso representa una inversión de US$1.6 millones y busca garantizar seguridad jurídica a las familias afectadas.
La titular de la institución, Michelle Sol, destacó que muchas personas llegaron incluso a pagar varias veces por un mismo terreno debido a la falta de legalidad en las transacciones. Según explicó, la entrega de escrituras no solo brinda certeza jurídica, sino que también incrementa el valor de las propiedades y abre oportunidades para el desarrollo de las familias.

Las escrituras entregadas corresponden a 26 lotificaciones distribuidas en ocho departamentos del país. Un dato relevante es que el 55% de los títulos han sido inscritos a favor de mujeres jefas de hogar, lo que refleja un impacto significativo en el fortalecimiento del patrimonio familiar desde una perspectiva de equidad.
Los testimonios de los beneficiarios evidencian el impacto del proceso. Muchas familias señalaron que durante años enfrentaron incertidumbre y pérdida de confianza, al no contar con documentos que respaldaran la propiedad de sus terrenos. La entrega de las escrituras representa, para ellos, la posibilidad de construir con seguridad y estabilidad.

El caso de la lotificadora ARGOZ ha sido considerado uno de los mayores desafíos legales en el ámbito habitacional en El Salvador. A partir de esta situación, se han implementado medidas para agilizar trámites que anteriormente podían tardar años, facilitando así la regularización de propiedades.
Con estas acciones, se continúa avanzando en la restitución de derechos a las familias afectadas, permitiéndoles contar finalmente con un respaldo legal sobre sus viviendas y mejorar sus condiciones de vida a largo plazo.
