
La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, una modificación a la Ley General de Presupuesto 2026 para incorporar US$25,758,332 al presupuesto del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE). Los fondos serán utilizados principalmente para garantizar el pago de pensiones a personas con discapacidad y continuar ejecutando programas de atención dirigidos a adultos mayores.
La medida fue avalada durante la plenaria 110 y forma parte de una reorganización institucional impulsada por el Gobierno, tras la disolución de entidades que anteriormente administraban estos recursos y programas sociales.
De acuerdo con lo discutido por los diputados, el refuerzo presupuestario permitirá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, asegurando la continuidad del pago de pensiones destinadas a este sector de la población.
Los recursos provienen de distintas instituciones estatales. Del total aprobado, US$346,537 corresponden a fondos que estaban asignados al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), mientras que US$517,880 provienen del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM).

A estos montos se suman US$24.8 millones transferidos desde el Ministerio de Desarrollo Local, fondos que anteriormente estaban destinados al programa de pensión básica universal para personas adultas mayores.
Con esta reestructuración presupuestaria, el INABVE asumirá nuevas responsabilidades relacionadas con la administración de beneficios y programas sociales dirigidos tanto a personas con discapacidad como a adultos mayores.
La reasignación de fondos se da luego de que, en noviembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del CONAIPD y la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del CONAIPAM. Ambas normativas establecieron el cierre de estas instituciones y la redistribución de sus funciones y recursos hacia otras entidades del Estado.

Como parte de estos cambios, el Ministerio de Desarrollo Local reducirá significativamente su presupuesto para este año, quedando únicamente con US$14.1 millones para su funcionamiento.
Con la incorporación de estos recursos, el Gobierno busca garantizar la continuidad de los programas sociales y de protección dirigidos a sectores vulnerables, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores que dependen de estos beneficios económicos.
