Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó, con 60 votos, la exoneración de impuestos para US$1.3 millones destinados como ayuda humanitaria a 600 extrabajadores de Impression Apparel Group, quienes perdieron su fuente de empleo tras el cierre de operaciones de la empresa textil en El Salvador. La medida permitirá que los recursos sean entregados íntegramente a los trabajadores beneficiados.
La exoneración contempla que los US$1.3 millones queden libres del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del impuesto del 30% establecido en la Ley de Agentes Extranjeros, aplicable a determinadas transacciones provenientes de fondos del extranjero. De esta forma, el monto destinado a la ayuda no tendrá descuentos por estos tributos antes de llegar a sus beneficiarios.
Los recursos fueron gestionados a través de un proceso de diálogo promovido por el Consorcio de los Derechos del Trabajador con clientes internacionales de Impression Apparel Group. El objetivo de estas gestiones fue conseguir apoyo económico para los extrabajadores afectados por el cierre de la fábrica.
La disposición aprobada por los diputados tendrá una vigencia de un año. Durante ese período, la exoneración también podrá aplicarse a otros recursos que personas o empresas destinen como ayuda para los extrabajadores incluidos en el beneficio.
La medida establece así un tratamiento tributario especial para los fondos que tengan como finalidad apoyar directamente a los trabajadores afectados. El objetivo es evitar que los impuestos reduzcan el monto disponible para la asistencia humanitaria.
ORMUSA administrará los fondos
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) será la entidad encargada de recibir, administrar y distribuir los recursos entre los 600 extrabajadores beneficiados.
Como parte de los mecanismos de control establecidos, ORMUSA deberá presentar ante la Asamblea Legislativa un informe sobre los fondos recibidos y su distribución. El documento deberá detallar cuánto dinero fue recibido y cómo fue entregado a los trabajadores.
Además, el reporte deberá contar con la firma y sello de un auditor, quien tendrá la responsabilidad de verificar el manejo de los recursos. Con este mecanismo se busca dejar constancia del destino de los fondos y de la forma en que fueron administrados durante el período de vigencia de la disposición.
