
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminó a favor de reformar la Ley de Presupuesto Nacional 2026 para distribuir US$78 millones entre ocho instituciones públicas. Los recursos se destinarían a reforzar planes de seguridad, adquirir medicamentos, ejecutar obras de mantenimiento vial y fortalecer la infraestructura institucional, entre otras necesidades previstas para el último trimestre del año.
La propuesta recibió el respaldo unánime de los diputados de la comisión y contempla asignaciones para los ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Salud, Obras Públicas y Educación, así como para la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Presidencia de la República. Sin embargo, el dictamen favorable representa un avance en el proceso legislativo y no significa que la reforma ya esté aprobada definitivamente.
La subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Michelle Arce, explicó que los fondos provendrían de excedentes en la recaudación de impuestos respecto a las estimaciones previstas hasta septiembre de 2026. Según la funcionaria, estos ingresos adicionales están relacionados con medidas administrativas para mejorar la recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal.
La mayor asignación individual correspondería al Ministerio de Salud, con US$18.8 millones para cubrir necesidades prioritarias, entre ellas el pago de bienes y servicios y la compra de medicamentos, insumos y equipos para los establecimientos médicos. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas recibiría US$15 millones para financiar proyectos estratégicos de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como trabajos relacionados con derechos de vía en todo el país.
El Ministerio de Defensa Nacional tendría asignados US$14 millones para reforzar el Plan Control Territorial, principalmente las tareas de seguridad pública orientadas a la recuperación y rehabilitación de territorios a escala nacional. La Presidencia de la República recibiría otros US$14 millones para garantizar la operatividad de sus secretarías y dependencias, además de fortalecer su infraestructura mediante la adquisición de maquinaria, equipos informáticos y tecnológicos, entre otros bienes.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, la propuesta contempla $6 millones para cubrir los gastos operativos de las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, así como la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de esa cartera. La Fiscalía General de la República también recibiría US$6 millones para fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de sus distintas unidades.
Por otra parte, el Ministerio de Educación contaría con US$2.7 millones que serían transferidos al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA). Los recursos servirían para atender necesidades urgentes de programas de acogimiento institucional e integración social dirigidos a niños y jóvenes. Mientras tanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibiría US$1.5 millones para organizar e implementar el observatorio electoral de 2027, incluida la adquisición de computadoras portátiles, cámaras de video y otros equipos.
Con esta modificación, el Gobierno busca reforzar las asignaciones presupuestarias de las ocho instituciones para atender compromisos considerados prioritarios durante el cierre de 2026. La propuesta deberá continuar su trámite legislativo para que los recursos puedan incorporarse formalmente al presupuesto vigente y destinarse a los fines planteados por cada entidad.
