Redacción Dinero.com.sv 
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para que 18 familias de la comunidad Michapa, ubicada en Cuscatlán Sur, puedan obtener finalmente las escrituras de sus viviendas, luego de esperar por más de dos décadas la legalización de sus propiedades.
La medida beneficiaría a habitantes de los sectores 1 y 2 de dicha comunidad, quienes durante años han vivido sin seguridad jurídica sobre los terrenos que ocupan. La aprobación definitiva dependerá ahora del pleno legislativo.
De acuerdo con lo expuesto por los diputados durante la sesión de trabajo, esta iniciativa forma parte de un proceso impulsado para otorgar títulos de propiedad a familias de escasos recursos económicos asentadas en terrenos considerados en desuso. Con este caso, Michapa se convertiría en la comunidad número 16 beneficiada con este tipo de legalización.
Para concretar el proceso, los parlamentarios aprobaron reformar la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía Declarados en Desuso y Desafectados como Uso Público. Esta normativa permite transferir los inmuebles a las familias que los habitan mediante el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
Según la información presentada en la comisión, las familias están asentadas en dos tramos cercanos a la carretera Panamericana. Uno de los sectores se encuentra en las proximidades de San Martín y el otro en el desvío hacia San Rafael Cedros, dentro del municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Sur.
Como parte del procedimiento técnico y legal, el pasado 18 de febrero de 2026 se realizó una inspección de campo en la zona. En la verificación participaron especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Ministerio de Vivienda, FONAVIPO y la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP).
Tras la evaluación, las instituciones determinaron que existían condiciones favorables para desafectar los terrenos del uso público y declararlos oficialmente en desuso, permitiendo así avanzar en el proceso de escrituración a favor de las familias residentes.
Con esta medida, las autoridades buscan brindar certeza jurídica y estabilidad habitacional a las familias beneficiadas, quienes por años permanecieron sin documentos que acreditaran legalmente la propiedad de sus viviendas.
