
Las conductas consideradas muy graves en la propuesta de Ley Especial de Responsabilidad Profesional podrían ser sancionadas con multas de entre US$1,635.20 y US$8,176, según explicó la directora ejecutiva de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Paola Bardi. Entre estas faltas se incluyen ejercer sin estar inscrito en el registro correspondiente, presentar documentación falsa o alterada y causar daños o lesiones como consecuencia de negligencia profesional.
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial emitió dictamen favorable para crear esta normativa, que busca establecer nuevas reglas, controles y responsabilidades para quienes intervienen en el planeamiento, diseño, ejecución, supervisión, control y mantenimiento de obras de construcción, urbanización y lotificaciones.
La propuesta establece un Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción, administrado por la DOT y organizado en categorías como ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores. Para inscribirse, los profesionales deberán cumplir requisitos específicos de formación y experiencia, de acuerdo con el área en la que prestarán sus servicios.
El proyecto también plantea mecanismos para elevar el control sobre las obras y modernizar los trámites. Entre ellos se encuentra el uso obligatorio de la Firma Electrónica Certificada (FEC) y del Sello Electrónico Profesional para validar planos, memorias de cálculo, bitácoras y dictámenes técnicos. Además, se contempla una plataforma pública para consultar si un profesional está activo, suspendido o cancelado.
Las infracciones serían clasificadas como leves, graves y muy graves, con sanciones económicas según su nivel. Las faltas graves incluirían ejercer con el registro vencido, trabajar fuera de la especialidad, incumplir normas técnicas o de seguridad y utilizar materiales que no cumplan los estándares de calidad.
Para las infracciones leves se contemplan multas de hasta un salario mínimo, mientras que las graves podrían recibir sanciones de entre dos y tres salarios mínimos. Las muy graves tendrían multas de entre cuatro y 20 salarios mínimos, rango en el que se ubican las sanciones de hasta US$8,176 señaladas por la DOT.
La iniciativa también establece requisitos de capacitación y actualización para los profesionales. La DOT desarrollaría programas de formación sobre normativa y sobre el Sistema de Administración y Autorización de Permisos de Construcción y Lotificaciones, y completar estos procesos sería necesario para renovar el registro.
Además, seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, todo nuevo trámite en el sistema de la DOT deberá ser presentado obligatoriamente por un tramitador registrado. Con estas medidas, la propuesta busca establecer mayores controles sobre quienes participan en proyectos de construcción y reducir riesgos derivados de servicios prestados sin la preparación o autorización correspondiente.
