Leydin Sorto 
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para la creación de la nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que sustituirá el marco legal vigente desde 1999.
El proyecto de normativa busca modernizar los mecanismos de control y adecuarlos a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a fin de prevenir y sancionar de manera más eficaz los delitos financieros.
SAS quedan fuera del alcance de la ley
Uno de los puntos más destacados es que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) no estarán dentro de los sujetos obligados a los controles y supervisión de la nueva normativa. Según explicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, el enfoque de la ley es aplicar medidas únicamente a entidades y actividades que representen un riesgo real de lavado de activos.
“Con esta actualización dejamos atrás un marco normativo que incluía indiscriminadamente a todas las personas naturales y jurídicas. Ahora, las obligaciones recaerán solo sobre sectores de riesgo comprobado como bancos, casas de préstamos, casinos, joyerías, comercio de metales preciosos o actividades inmobiliarias”, detalló.El funcionario subrayó que la normativa busca fortalecer la inclusión financiera y evitar cargas innecesarias a empresas que, por la naturaleza de su actividad, no representan riesgos significativos. En ese sentido, las SAS —figura legal creada para promover el emprendimiento y formalización de pequeños negocios— quedan exentas de ser consideradas como “sujetos obligados”.
