
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) busca ampliar su rol en el control sanitario de alimentos mediante una propuesta de reforma enviada a la Asamblea Legislativa, con la que se pretende que la institución no solo certifique y supervise productos cárnicos, acuícolas y pesqueros, sino que también incorpore rubros como lácteos, mezclas de lácteos, miel de abeja y ovoproductos.
La iniciativa plantea un cambio clave en el artículo 79 de la normativa vigente, el cual actualmente tiene carácter transitorio y está limitado a ciertos productos. Con la propuesta, se busca convertirlo en una disposición permanente y más amplia, que abarque diversos alimentos y establezca reglas más claras sobre su certificación y control.
De acuerdo con el proyecto, el MAG sería responsable de certificar los procesos de elaboración de estos productos, así como de validar los establecimientos, tanto nacionales como extranjeros, que participen en su producción, procesamiento o comercialización. Además, se le otorgarían facultades para aplicar medidas de control sanitario en toda la cadena productiva.

En el caso de los productos lácteos, se plantea que estos deberán cumplir con la normativa técnica regional vigente, especialmente en lo relacionado con el uso de términos lecheros, con el fin de garantizar transparencia y estándares de calidad.
La propuesta también contempla la modificación del numeral 34 del artículo 4, que actualmente establece de forma general las atribuciones del MAG. Con el cambio, estas competencias se detallarían de manera expresa, brindando mayor claridad sobre sus funciones en materia de certificación y control sanitario.
Asimismo, se incluye la eliminación del artículo 80, el cual establecía que la Superintendencia de Regulación Sanitaria asumiría a partir de 2027 las competencias sobre alimentos procesados y semiprocesados para animales, lo que implicaría una redefinición de responsabilidades institucionales.

Según la justificación oficial, la propuesta de reforma responde a la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la ley aprobada en abril de 2025 y de garantizar procedimientos más claros en certificación y control sanitario. El objetivo es definir con precisión la autoridad encargada de estos procesos, contribuyendo a la protección de la salud humana, la sanidad animal y el bienestar económico.
De ser aprobada, la iniciativa entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, estableciendo un nuevo marco para la regulación sanitaria de alimentos en el país.
