Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto General de 2026 que permitirá distribuir US$78 millones provenientes de excedentes en la recaudación tributaria entre ocho instituciones gubernamentales. Los fondos servirán para reforzar las asignaciones presupuestarias de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Salud, Obras Públicas y Educación, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Presidencia de la República, con el objetivo de cubrir obligaciones prioritarias durante el último trimestre del año.
De acuerdo con lo expuesto por los legisladores, los recursos proceden de ingresos tributarios que superaron las proyecciones establecidas hasta septiembre de 2026. Este excedente se atribuye a la eficiencia administrativa en la recaudación de impuestos y a las acciones para combatir la evasión fiscal. Con la reforma, el Ministerio de Hacienda queda facultado para distribuir el dinero entre las instituciones beneficiadas, según las necesidades presupuestarias previstas.
Una de las asignaciones más importantes corresponde al Ministerio de Salud, que recibirá US$18.8 millones para cubrir necesidades prioritarias relacionadas con bienes y servicios, además de complementar la compra de medicamentos, insumos médicos y equipos para los diferentes establecimientos de salud. Estos recursos buscan contribuir a la continuidad de los servicios y atender requerimientos de los centros médicos.
El Ministerio de Obras Públicas contará con US$15 millones para ejecutar proyectos estratégicos relacionados con la construcción, el mantenimiento y la reparación de la red vial en todo el país. La asignación también contempla trabajos vinculados con los derechos de vía, con el propósito de atender necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones de las carreteras nacionales.
Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional recibirá US$14 millones para reforzar el Plan Control Territorial, principalmente en las tareas de seguridad pública orientadas a la recuperación y rehabilitación de territorios a escala nacional. La asignación busca respaldar las operaciones contempladas dentro de esta estrategia.
La Presidencia de la República también dispondrá de US$14 millones, destinados a garantizar la operatividad y continuidad de sus secretarías y dependencias. Asimismo, los fondos permitirán fortalecer la infraestructura institucional mediante la adquisición de maquinaria, derechos de propiedad intelectual y equipos informáticos y tecnológicos.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, la asignación será de US$6 millones para cubrir los gastos operativos de las representaciones diplomáticas y consulares salvadoreñas en el extranjero. El dinero también permitirá adquirir bienes y servicios esenciales para el funcionamiento de la Secretaría de Estado.
La Fiscalía General de la República recibirá otros US$6 millones para fortalecer sus capacidades institucionales, operativas y tecnológicas en sus diferentes unidades. Mientras tanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contará con US$1.5 millones para organizar e implementar el observatorio electoral de 2027, lo que incluye la adquisición de computadoras portátiles, cámaras de video y otros equipos necesarios para esas actividades.
Finalmente, el Ministerio de Educación tendrá una asignación de US$2.7 millones, que serán transferidos al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA). Los recursos se utilizarán para desarrollar programas de acogimiento institucional e integración social dirigidos a niños, niñas y jóvenes. Con esta redistribución presupuestaria, las ocho instituciones podrán reforzar sus recursos para atender compromisos y ejecutar programas previstos para el cierre de 2026.
