Denis Muñoz El nuevo acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para El Salvador establece una serie de normativas y compromisos que el país debe cumplir para acceder al financiamiento de 1.4 mil millones de dólares. Estas normativas buscan garantizar la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas y mejorar la gobernanza y transparencia. Además, se incluyen medidas específicas para abordar los riesgos asociados al uso del Bitcoin como moneda de curso legal y fortalecer la regulación financiera.
Uno de los principales compromisos es la consolidación fiscal, que implica reducir el déficit y estabilizar la deuda pública. El programa establece que el saldo primario del país deberá mejorar en un 3.5% del PIB en los próximos tres años, lo cual se logrará mediante la racionalización del gasto público, incluyendo ajustes en la masa salarial del sector público, sin afectar las inversiones en infraestructura y el gasto social prioritario. También se espera una mayor eficiencia en la recaudación fiscal y en la administración de los recursos públicos.
En cuanto al Bitcoin, el FMI ha solicitado a El Salvador medidas para mitigar los riesgos financieros asociados a la criptomoneda. Como parte del acuerdo, la aceptación del Bitcoin por parte del sector privado es ahora voluntaria, y el pago de impuestos solo puede realizarse en dólares. Además, se reducirá progresivamente la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y se reforzará la regulación de los activos digitales para alinearla con los estándares internacionales.
Otro aspecto clave del acuerdo es el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad del sistema financiero. Se ha aprobado un plan para incrementar los colchones de liquidez de los bancos y mejorar la regulación y supervisión financiera. Además, la nueva legislación sobre estabilidad financiera busca garantizar un entorno más sólido para la inversión y la inclusión financiera, asegurando que el país esté mejor preparado para enfrentar crisis económicas.
El programa del FMI enfatiza la importancia de mejorar la gobernanza y la transparencia para generar confianza en la inversión privada. Se han implementado reformas en la legislación anticorrupción y en los procesos de auditoría pública, además de medidas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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