Alejandra Ortiz 
El Ministerio de Hacienda de El Salvador ha establecido mayo de 2025 como la fecha límite para que todos los contribuyentes adopten el sistema de factura electrónica. Según el artículo publicado en octubre 2024, “El Salvador impulsa su recaudación con la transformación digital de la administración tributaria y aduanera”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la digitalización de los documentos tributarios es más fácil para los contribuyentes, sin importar su tamaño, el reportar y pagar los impuestos, y para la autoridad tributaria verificar su cumplimiento, pues todo el proceso es automatizado.
Las empresas han encontrado en el correo electrónico su principal herramienta para distribuir las facturas, aunque otras han optado por innovaciones como el uso de WhatsApp o plataformas en línea específicas para sus clientes. El Ministerio de Hacienda también ha fortalecido su infraestructura tecnológica para soportar la digitalización del sistema tributario.
El impacto ambiental es uno de los mayores logros del proyecto. De acuerdo con estimaciones del gobierno salvadoreño la adopción de la factura electrónica ha evitado la tala de más de 29,157 árboles y ahorrado más de 208.6 millones de litros de agua. Estas cifras destacan cómo la modernización tributaria puede alinear el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, uno de los objetivos clave de este esfuerzo gubernamental.
Para garantizar una transición fluida, el proyecto incluyó reformas legales y mejoras en la infraestructura tecnológica del país. Esto ha permitido fortalecer las capacidades del Ministerio de Hacienda, optimizando el registro y análisis de datos de los contribuyentes. Ana Cristina Calderón, jefa del equipo encargado, señaló que este cambio no solo busca modernizar la administración tributaria, sino también facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El impacto económico también ha sido notable, con un aumento en la recaudación del IVA que pasó del 3.5% del PIB en 2017 al 8.7% según el BID. Este avance refuerza la importancia de cumplir con el plazo de mayo de 2025, un hito que marcará el inicio de una nueva era de transparencia y eficiencia fiscal en el país.
