Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la prórroga número 52 del régimen de excepción, que estará vigente del 30 de junio al 29 de julio de este año, como parte de las estrategias de seguridad implementadas para combatir a las estructuras criminales y mantener condiciones de mayor seguridad para la población.
La medida, vigente desde marzo de 2022, forma parte de las acciones del Estado orientadas a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en distintos puntos del país, con el objetivo de reducir la actividad de las pandillas y fortalecer el control territorial.
De acuerdo con las cifras oficiales, desde la entrada en vigor del régimen de excepción, El Salvador acumula 1,137 días sin homicidios, de los cuales 149 corresponden a lo que va del año, además de 1,251 días con cero asesinatos desde el inicio de la gestión del Ejecutivo en junio de 2019, dentro del marco del Plan Control Territorial.
Las autoridades también reportan que, en el periodo de aplicación de la medida, han sido capturados 92,414 presuntos miembros de estructuras criminales, además del decomiso de 5,451 armas de fuego, 12,110 vehículos y 24,955 teléfonos celulares. Asimismo, se ha incautado más de $1,534 millones en droga, según los datos oficiales presentados.
El régimen de excepción ha permitido, según las instituciones de seguridad, el despliegue de elementos policiales y militares en zonas consideradas de mayor riesgo, con el fin de debilitar a las organizaciones criminales y mantener condiciones de orden en las comunidades.
Durante la discusión legislativa, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, señaló que el país ha experimentado un cambio significativo en materia de seguridad, pasando de altos niveles de violencia a una reducción sostenida de los homicidios. En la misma línea, el legislador Walter Coto afirmó que la medida ha contribuido a salvar vidas y a disminuir el reclutamiento de jóvenes por parte de pandillas.
Con esta nueva prórroga, el Gobierno y la Asamblea aseguran la continuidad de una de las principales medidas de seguridad vigentes en el país, en el marco de la estrategia de combate a la criminalidad.
