
El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó su libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que los bienes, empresas, inmuebles y vehículos vinculados con el caso continuarán bajo custodia del Estado salvadoreño. El exmandatario, quien gobernó entre 2004 y 2009, salió del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y se presentó este jueves ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, acompañado de su exsecretario privado, Élmer Charlaix.
La excarcelación de Saca fue confirmada por la FGR el miércoles 28 de octubre, luego de que se estableciera el 27 de octubre de 2026 como fecha de cumplimiento de su pena. Tras su salida de prisión, la institución publicó un comunicado en su cuenta oficial de X para explicar aspectos relacionados con el proceso judicial, la situación de los bienes vinculados al caso y las actuaciones de la actual administración fiscal.
En relación con la condena del exmandatario, la Fiscalía señaló que el proceso judicial que culminó con la pena de diez años fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz. La institución también indicó que durante esa administración se acordó la pena impuesta a Saca, con lo que precisó el contexto en el que se desarrolló el procedimiento judicial.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la situación de los bienes relacionados con el caso. La FGR aclaró que las propiedades, empresas, inmuebles, vehículos y otros activos sujetos a medidas estatales permanecerán bajo custodia del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales y judiciales aplicables. De esta manera, la Fiscalía distinguió entre el cumplimiento de la condena de prisión y las medidas que continúan vigentes sobre el patrimonio vinculado al proceso.

La institución también afirmó que, durante las revisiones internas de la actual administración, identificó un plan que atribuyó al entonces fiscal general Douglas Meléndez. Según la FGR, dicho plan contemplaba mecanismos legales para que Saca pudiera recuperar su libertad antes de cumplir íntegramente la condena, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena impuesta.
De acuerdo con el comunicado, la actual administración fiscal desarticuló ese plan y adoptó medidas para impedir que se concretara. La Fiscalía no presentó en el texto compartido mayores detalles sobre los mecanismos específicos que habrían sido contemplados, pero sostuvo que sus actuaciones buscaron evitar una salida anticipada del exmandatario al margen del cumplimiento de la condena.
Saca gobernó El Salvador durante cinco años, entre 2004 y 2009, y su caso judicial estuvo relacionado con el desvío de fondos públicos durante su administración. En septiembre de 2018, el exmandatario confesó ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que su gobierno ideó un mecanismo para apropiarse de aproximadamente US$300 millones de la partida de gastos reservados de la Presidencia, recursos que, según declaró, destinó a sus empresas y a la adquisición de 28 propiedades.
Al concluir su pronunciamiento, la Fiscalía reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses del Estado, además de pedir a la población consultar los canales oficiales para evitar la difusión de información imprecisa o especulaciones. La institución reiteró así que, aunque Saca ya cumplió su condena de prisión, los bienes sujetos a medidas estatales seguirán bajo custodia pública conforme a las resoluciones legales y judiciales correspondientes.
