Denis Muñoz 
El alza en los precios de la vivienda, reportada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha convertido en una tendencia global que afecta especialmente a los países de ingresos altos y bajos. En la última década, los precios han crecido un 37% en términos reales, superando el aumento de los ingresos en un 16% en promedio. Este fenómeno no solo refleja un encarecimiento del mercado inmobiliario, sino también un desafío significativo para quienes buscan adquirir una vivienda, especialmente entre los sectores más jóvenes.
El impacto generacional de esta crisis es evidente. Según encuestas de la OCDE, el 60% de los jóvenes entre 18 y 39 años expresa preocupación por la asequibilidad de la vivienda, en contraste con solo el 38% de las personas mayores de 55 años. Este problema es más pronunciado en países como Irlanda, Canadá y Estados Unidos, donde la brecha generacional en el acceso a la vivienda es particularmente amplia, aumentando las tensiones sociales.
Factores culturales e históricos también explican las diferencias en los índices de propiedad. En Europa del Este, países como Rumanía alcanzan niveles altísimos de propiedad, con el 94% de ciudadanos dueños de sus viviendas, mientras que en Suiza esta cifra apenas llega al 5%. Estas disparidades reflejan no solo las condiciones económicas, sino también las políticas públicas que han moldeado el acceso a la vivienda.
En el ámbito del alquiler, la situación es igualmente preocupante. En promedio, el 16% de los ciudadanos de la OCDE alquilan viviendas de propietarios privados, pero los más pobres enfrentan enormes dificultades. En Colombia, por ejemplo, el 82% de los arrendatarios en el quintil más bajo de ingresos destinan más del 40% de sus ingresos al pago de alquiler, reflejando un mercado inmobiliario poco regulado y altamente desigual.
La situación no mejora para quienes tienen hipotecas. Las tasas de interés elevadas han incrementado la carga financiera de los propietarios más vulnerables. En países como Colombia y Luxemburgo, más de la mitad de los propietarios más pobres dedican al menos el 40% de sus ingresos al pago de sus deudas hipotecarias. Esto evidencia la urgente necesidad de políticas que promuevan la asequibilidad de la vivienda y reduzcan las desigualdades en el acceso a este derecho básico.
