Alejandra Ortiz La Defensoría del Consumidor (DC) ha iniciado de oficio procedimientos legales para proteger a las familias que residen en residenciales administrados por la empresa Seguridad Activa, S.A. de C.V., tras el anuncio de un incremento unilateral en los precios de servicios como seguridad, jardinería y mantenimiento de parques. La institución señaló que estos cobros podrían considerarse ilegales al carecer de respaldo contractual y legal.
Según la Ley de Protección al Consumidor, realizar cobros sin justificación legal ni contractual constituye una práctica abusiva sancionable con multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales urbanos. La Defensoría advirtió que estos aumentos, realizados de manera arbitraria, afectan directamente los derechos económicos de las familias salvadoreñas.
Como parte de la investigación, la DC ha requerido a Seguridad Activa un informe detallado que incluya el desglose de los incrementos, las fechas de aplicación y los nombres de los complejos habitacionales impactados. Esta solicitud fue notificada el miércoles, otorgando a la empresa un plazo de diez días hábiles para entregar la información solicitada.
La entidad estatal recordó que todos los proveedores de servicios están obligados a proporcionar la información que les sea requerida en el marco de la ley. El incumplimiento, ya sea por negarse a responder, entregar datos falsos o hacerlo fuera del plazo establecido, constituye una infracción muy grave, también sujeta a sanciones económicas.
La Defensoría del Consumidor reitera su compromiso de velar por los derechos de la población y pone a disposición sus canales de denuncia y asesoría para los residentes afectados por cobros indebidos o prácticas abusivas en sus comunidades.
