Leydin Sorto 
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para reformar la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, con el objetivo de actualizar el marco legal que regula al sector y fortalecer su crecimiento, formalización y acceso a financiamiento.
La iniciativa contempla cambios en la clasificación de las empresas, simplificación de trámites administrativos y la creación de mecanismos que faciliten el acceso a recursos financieros para los pequeños negocios, considerados uno de los principales motores de la economía nacional.
Durante la discusión de la propuesta, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Paul Steiner, expuso datos que reflejan la estructura empresarial del país. Según explicó, en El Salvador existen aproximadamente 990 empresas grandes, 2,830 medianas y 17,000 pequeñas, además de un amplio universo de microempresas.
De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, unas 290,000 microempresas emplean entre cuatro y 10 personas, mientras que cerca de 840,000 negocios cuentan con menos de cuatro trabajadores.
“El 99.6 % de todos los empresarios del país son micro y pequeños”, señaló Steiner durante su intervención ante la comisión legislativa, subrayando la relevancia que tiene este sector en la generación de empleo y en la actividad económica del país.
Entre las principales reformas planteadas se encuentra la actualización de los criterios para clasificar a las empresas, debido a que los incrementos del salario mínimo han dejado desfasada la normativa actual. Con la modificación, se establecería que una microempresa tenga ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y un máximo de 10 trabajadores, mientras que una pequeña empresa podría registrar ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos y hasta 50 empleados.
Otro de los cambios relevantes busca garantizar pagos oportunos a las microempresas que proveen bienes o servicios al Estado, estableciendo que las instituciones públicas deberán cancelar sus facturas en un plazo máximo de 30 días, o de lo contrario deberán asumir intereses por mora.
La reforma también introduce el principio de proporcionalidad en los trámites y costos administrativos, con el fin de evitar cargas económicas excesivas para los pequeños negocios y facilitar su proceso de formalización.
Asimismo, la propuesta contempla la creación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, un mecanismo que permitirá coordinar acciones entre instituciones públicas, sector privado y actores territoriales para impulsar el desarrollo económico local.
Dentro de esta estructura, los gobiernos municipales deberán instalar Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios de diálogo entre autoridades, empresarios y organizaciones vinculadas al sector, con el propósito de promover programas y proyectos que fortalezcan la economía en los territorios.
La implementación y supervisión del sistema estaría a cargo de CONAMYPE, mientras que el Ministerio de Economía de El Salvador fungiría como ente rector de la política pública para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.
