
La Defensoría del Consumidor de El Salvador inició un operativo de verificación de precios en comercios mayoristas de granos básicos luego de identificar incrementos abruptos en el precio del maíz blanco, que superan los US$25 por quintal en el mercado nacional.
Las inspecciones se realizaron este miércoles en distintos puntos de comercialización, incluyendo negocios ubicados en la calle Gerardo Barrios, en el distrito de San Salvador, donde equipos de la institución verificaron precios, inventarios y condiciones de venta del producto con el objetivo de garantizar precios justos y prevenir prácticas abusivas que afecten a los consumidores.
El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, explicó que el aumento detectado en el precio del maíz no coincide con el comportamiento habitual del mercado para esta época del año. Según detalló, al comparar los valores actuales con los registros históricos y la dinámica de precios del período, se observa un comportamiento irregular que podría estar relacionado con prácticas de especulación por parte de algunos comerciantes.
El funcionario indicó que, pese al incremento observado en algunos puntos de venta, el país mantiene abastecimiento de maíz, tanto por producción nacional como por importaciones que continúan ingresando al territorio salvadoreño. Este flujo constante de producto, señaló, confirma que no existe una escasez que justifique el aumento en los precios.

Ante esta situación, la institución activó una investigación en toda la cadena de suministro del maíz, con el objetivo de identificar posibles irregularidades en la comercialización del grano. Como parte de estas acciones, ya se han emitido 25 requerimientos de información dirigidos a distintos actores del mercado, principalmente distribuidores y comercializadores.
Las verificaciones se desarrollan no solo en los establecimientos que venden directamente al consumidor, sino también en bodegas y centros de almacenamiento, con el fin de comprobar la existencia de producto, los niveles de inventario y las condiciones en las que se está comercializando el maíz.
De acuerdo con Salazar, las inspecciones han permitido constatar que sí existe producto disponible en el mercado, lo que refuerza la hipótesis de que el aumento de precios podría estar vinculado a prácticas especulativas.
La investigación podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales, dependiendo de los resultados de las verificaciones. Según explicó el titular de la institución, los incrementos injustificados de precios pueden ser sancionados con multas de hasta 500 salarios mínimos.

Asimismo, el acaparamiento de productos o la difusión de información falsa para alterar los precios del mercado también puede constituir un delito, con penas que van de tres a cinco años de prisión, de acuerdo con la normativa vigente.
Las acciones de verificación no se limitan al centro de la capital. La Defensoría informó que el operativo forma parte de un despliegue a escala nacional, que incluye inspecciones en otros centros importantes de abastecimiento de granos básicos en ciudades como Santa Ana, San Miguel y Usulután.
Finalmente, la institución reiteró el llamado a la población para que denuncie cualquier incremento injustificado en el precio del maíz u otros productos básicos, a través del número telefónico 910 o mediante el servicio de WhatsApp 7844-1482, canales habilitados para recibir reportes y dar seguimiento a posibles abusos en el mercado.
