Redacción Dinero.com.sv 
Los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial estudian una reforma a la Ley especial para la legalización de calles y tramos declarados en desuso, con el objetivo de que el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) pueda transferir títulos de propiedad a más de 170 familias de escasos recursos que habitan en la comunidad 2 de Noviembre, ubicada en el sector distrito Italia, en Tonacatepeque, San Salvador Este.
La iniciativa busca brindar seguridad jurídica y territorial a los habitantes de la zona, quienes durante más de 25 años vivieron en incertidumbre debido a la falta de legalización de los terrenos donde construyeron sus viviendas.
La propuesta surgió luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, solicitara incluir a la comunidad dentro del proceso de regularización contemplado en la normativa vigente.
De aprobarse el dictamen en sesión plenaria, FONAVIPO quedaría facultado para iniciar el proceso de transferencia de escrituras a favor de las familias que durante décadas ocuparon el terreno sin contar con documentación legal que respaldara su propiedad.
El presidente de la comisión legislativa, Salvador Chacón, aseguró que este tipo de medidas buscan resolver problemas históricos que por años afectaron a comunidades vulnerables.
“No es ni la primera ni la última ocasión en que el presidente Castro ha promovido entregar escrituras a habitantes de comunidades. Lamentablemente, siempre hay un vividor que se aprovecha de las personas que habitan en las comunidades, pero en esta ocasión es diferente”, expresó.
Según lo expuesto durante la mesa de trabajo, la comunidad 2 de Noviembre fue fundada entre los años 2000 y 2001 por familias de escasos recursos económicos que buscaban un lugar para vivir. Desde entonces, los habitantes enfrentaron condiciones de vulnerabilidad, abandono institucional y múltiples dificultades para legalizar los terrenos.
Un informe técnico del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte concluyó que el tramo de calle donde se ubica la comunidad ya no posee uso vial y puede ser desafectado para convertirse en un bien patrimonial apto para vivienda, permitiendo así avanzar en el proceso de legalización.
Los residentes señalaron que durante años tocaron puertas en distintas instituciones sin recibir soluciones concretas. Además, denunciaron que fueron víctimas de falsas promesas y presuntas estafas relacionadas con la entrega de escrituras.
De acuerdo con testimonios de la comunidad, en 2015 varias familias fueron engañadas por una persona identificada como Nelson Hugo Ramírez Sigarán, quien presuntamente prometió títulos de propiedad falsos a cambio de pagos periódicos. Según relataron, el caso terminó con una condena por estafa agravada.
La presidenta de la directiva comunal, Marielos Elizabeth Cruz, aseguró que la aprobación de la reforma representaría un cambio histórico para las familias.
“La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras y todos somos de escasos recursos económicos. Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar para nuestras vidas”, comentó.
Por su parte, Johanna Grande, otra de las habitantes beneficiadas, explicó que obtener las escrituras significaría estabilidad para muchas familias que por años vivieron con temor e incertidumbre.
“Lo que vamos a recibir es una gran bendición. Yo tuve que vender mi casa porque no podía pagarla y por eso me tuve que instalar en el terreno en donde hoy se conoce como la comunidad 2 de Noviembre”, expresó.
Durante el análisis de la propuesta legislativa también participó Nuvia Torres, residente de la comunidad, quien relató que durante años enviaron solicitudes a distintas instituciones gubernamentales sin obtener respuestas favorables.
Asimismo, aseguró que administraciones municipales anteriores les prometieron apoyo para legalizar los terrenos, pero las gestiones nunca avanzaron.
Con esta reforma, la comunidad 2 de Noviembre se convertiría en la número 15 incorporada dentro de la ley impulsada en junio de 2009, la cual ya permitió beneficiar a otras comunidades del país como El Manguito, Palermo, La Pradera, Machado y La Concordia.
Los legisladores señalaron que esta medida busca garantizar el acceso legítimo a la vivienda y fortalecer las políticas públicas orientadas a la dignificación de familias de escasos recursos económicos en distintas zonas del país.
