
La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos un decreto que autoriza la transferencia de 101 inmuebles al Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPO), una medida orientada a brindar soluciones habitacionales a familias de los departamentos de San Salvador, La Paz, La Libertad y Chalatenango.
Los terrenos forman parte de los activos extraordinarios del Fondo Social para la Vivienda (FSV) y pasarán a ser administrados por FONAVIPO por ministerio de ley, lo que permitirá agilizar los procesos para su posterior entrega a las personas que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna.
Según lo establecido en el decreto, FONAVIPO tendrá la facultad de transferir estos inmuebles a través de diferentes mecanismos legales, entre ellos compraventa, donación, comodato, arrendamiento simple, arrendamiento con promesa de venta y derecho de habitación gratuito. La prioridad será para las familias que actualmente ocupan las propiedades, con el objetivo de brindarles seguridad jurídica y estabilidad habitacional.

La medida forma parte de una estrategia impulsada para aprovechar bienes que permanecían bajo la administración del FSV y convertirlos en una herramienta para atender necesidades sociales relacionadas con la vivienda. Además de las familias, la normativa también contempla la posibilidad de beneficiar a instituciones de utilidad pública que requieran inmuebles para el desarrollo de proyectos de interés social.
Con esta aprobación, el Legislativo suma una tercera fase de transferencias de inmuebles destinadas a resolver problemas habitacionales en diferentes zonas del país. En las dos plenarias anteriores ya se había autorizado la entrega de 202 propiedades, beneficiando a familias de departamentos como Sonsonate, Santa Ana y San Vicente.
Al incorporar los 101 inmuebles aprobados recientemente, la cifra total asciende a 303 propiedades transferidas para fines sociales y habitacionales, ampliando el alcance de los programas impulsados por FONAVIPO.

Las autoridades consideran que esta acción contribuirá a reducir la incertidumbre de numerosas familias que durante años han habitado estos inmuebles sin contar con mecanismos accesibles para regularizar su situación. Asimismo, permitirá que las propiedades sean utilizadas de manera efectiva para atender una de las principales necesidades de la población: el acceso a una vivienda segura y legalmente establecida.
La iniciativa también fortalece la capacidad de FONAVIPO para desarrollar programas habitacionales dirigidos a sectores de menores ingresos, facilitando alternativas que se adapten a las condiciones económicas de cada familia y promoviendo una mayor inclusión en el acceso a soluciones de vivienda.
