Alejandra Ortiz 
En una reunión con representantes de 35 alcaldías de todo el país, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, destacó la importancia de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y su relación con la estabilidad laboral. Durante el encuentro, se discutieron también los atrasos salariales que afectan a los empleados municipales y la falta de envío de descuentos legales a las instituciones pertinentes. Castro subrayó que el cumplimiento de la ley es fundamental y que todos deben asumir sus responsabilidades sin excepciones.
El ministro aseguró que el Ministerio de Trabajo continuará vigilando y combatiendo los abusos y las ilegalidades que se presentan en este ámbito. Advirtió que muchas de estas infracciones pueden ser consideradas graves, e incluso de carácter penal, y mencionó que ya existen precedentes en el país que evidencian la seriedad de la situación. Con un firme compromiso, Castro reafirmó que se seguirán tomando acciones para proteger los derechos laborales de los trabajadores municipales.
Castro también denunció prácticas ilegales en algunas alcaldías, señalando que despedir a un trabajador bajo la ley de carrera administrativa es ilícito. Además, alertó sobre la retención de salarios por parte de ciertos alcaldes, lo cual, según el artículo 245, es un delito. Instó a los trabajadores afectados a acudir al Ministerio de Trabajo para buscar asistencia.
El ministro detalló acciones previas que se han tomado en defensa de los empleados, como la eliminación de contratos fraudulentos. Informó que los contratos de período de prueba no deben exceder tres meses, asegurando una mayor protección para los trabajadores.
Asimismo, expresó su preocupación por el retraso en el pago de salarios por parte de algunas alcaldías, calificándolo como intolerable. Hizo hincapié en que estas irregularidades afectan gravemente a los empleados y su bienestar.
En el cierre del evento, se entregaron certificados del Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal a los trabajadores presentes, reafirmando el compromiso del Ministerio de Trabajo con la formalización y protección de los derechos laborales en el país.
