
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la creación de la Ley Especial de Responsabilidad Profesional para las Personas Sujetas a Inscripción en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción, que establece nuevas reglas para el registro, supervisión y ejercicio de quienes participan en actividades relacionadas con la construcción y urbanización.
La normativa regula a los profesionales que intervienen en las diferentes etapas de una obra, desde el planeamiento y diseño hasta la ejecución, supervisión, control y mantenimiento. El Registro de Profesionales funciona desde 2024, cuando fue creado como parte de la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), pero ahora se establecen de manera específica los requisitos y responsabilidades para quienes forman parte de este sistema.
El registro estará dividido por especialidades, entre ellas las áreas ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores. Para incorporarse, los profesionales deberán acreditar la formación y experiencia correspondiente. Por ejemplo, quienes realicen evaluaciones de impacto o diagnósticos ambientales deberán demostrar al menos 80 horas de formación en Evaluación de Impacto Ambiental, o estudios relacionados, además de tres años de experiencia profesional y dos años en gestión ambiental.
Para los auditores de evaluación ambiental será necesario demostrar participación en al menos tres estudios de impacto ambiental o diagnósticos ambientales aprobados. En el área cultural, quienes desarrollen investigaciones arqueológicas o paleontológicas, o trabajen en evaluación y restauración de patrimonio edificado, deberán contar con maestría o doctorado relacionado con estas áreas y acreditar cinco años de experiencia profesional.
La ley también incorpora herramientas digitales para fortalecer el control de los trámites. Los profesionales deberán utilizar la Firma Electrónica Certificada (FEC) y el Sello Electrónico Profesional para validar documentos como planos, memorias de cálculo, bitácoras y dictámenes técnicos.
Asimismo, la DOT estará a cargo de programas de formación continua sobre las actualizaciones de la normativa y el uso del Sistema de Administración y Autorización de Permisos de Construcción y Lotificaciones. Esta capacitación será necesaria para renovar el registro. La normativa también permitirá que profesionales extranjeros que participen temporalmente o en proyectos específicos soliciten la homologación de registros profesionales similares obtenidos en otros países.
El nuevo marco legal establece además un régimen de infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves. Entre las graves se encuentran ejercer con el registro vencido, trabajar fuera de la especialidad registrada, incumplir normas técnicas o de seguridad y utilizar materiales que no cumplan con los estándares de calidad. Las muy graves incluyen ejercer sin estar inscrito, presentar documentos falsos o alterados y actuar con negligencia o impericia cuando esto genere consecuencias graves.
Las sanciones económicas serán de hasta un salario mínimo para las infracciones leves, de dos a tres salarios mínimos para las graves y de cuatro a 20 salarios mínimos para las muy graves. Durante el estudio de la ley se explicó que estas últimas podrían representar multas de entre US$1,635.20 y US$8,176, dependiendo de la falta cometida.
