Alejandra Ortiz 
Para reafirmar su compromiso con la protección del mercado y los consumidores, el Gobierno de El Salvador, a través de la Superintendencia de Competencia (SC) autorizó la solicitud de concentración económica presentada por el grupo de Telefónica El Salvador para adquirir IBW El Salvador. Esta decisión se tomó tras un riguroso análisis técnico, económico y jurídico, que determinó que la transacción no limitará la competencia en los mercados involucrados.
La concentración económica autorizada implica la adquisición del capital accionario de IBW El Salvador, S.A. de C.V., Multicable de El Salvador, S.A. de C.V., y Comunicaciones de Banda Ancha, S.A. de C.V., por parte de Fiber Systems Latin America, S.A., cuya corporación incluye a Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. y Telefónica Multiservicios, S.A. de C.V. Los mercados relevantes analizados incluyen servicios de conectividad empresarial, soluciones firewall, soluciones de seguridad endpoint y equipos de videovigilancia.
En el proceso de análisis, la SC solicitó información a 20 agentes económicos participantes en los mercados implicados, así como a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Esta colaboración fue fundamental para evaluar los potenciales efectos de la transacción sobre la competencia, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, conforme a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley de Competencia.
La resolución de autorización emitida por la SC concluyó que la concentración económica no provocará una limitación significativa de la competencia en los mercados analizados. De esta manera, se garantiza que no habrá preocupaciones sobre posibles afectaciones al bienestar de los consumidores o a la eficiencia económica.
Con esta decisión, el Gobierno de El Salvador, a través de la SC, continúa trabajando para prevenir cualquier afectación al mercado mediante un análisis eficiente de las concentraciones económicas. Este esfuerzo no solo protege a los consumidores salvadoreños, sino que también fomenta la inversión y el crecimiento económico. Además, asegura que las operaciones empresariales se realicen bajo estrictas evaluaciones que resguarden el interés público y promuevan un entorno económico favorable.
