Redacción Dinero.com.sv 
Para garantizar el buen funcionamiento de las Alianzas Público Privadas (APP), la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión estudió la propuesta de crear la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), una entidad que estaría encargada de coordinar, evaluar y supervisar el desarrollo de proyectos bajo este modelo de inversión entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de asegurar una gestión más técnica, ordenada y eficiente.
La iniciativa forma parte del análisis de un anteproyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, el cual busca modernizar el marco legal vigente, establecer reglas claras para la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos, y facilitar la atracción de inversión privada al país. La normativa contempla contratos de largo plazo, de hasta 50 años, para el desarrollo de obras estratégicas.
Modernización del marco legal y objetivos de la propuesta
El proyecto de ley plantea un esquema integral que regula todas las etapas de las APP, desde la planificación y construcción hasta la operación, mantenimiento y mejora de los servicios o infraestructura. El objetivo es mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos públicos y reducir brechas en infraestructura mediante la participación del sector privado.
Durante la sesión de la comisión, la directora de Inversiones del Ministerio de Economía, Clarissa Margarita Valdebrán, explicó que la iniciativa busca actualizar el marco normativo actual y dotar al país de herramientas más sólidas para impulsar inversiones de gran escala.
Según indicó, el planteamiento representa un avance importante en la gestión de proyectos públicos, al permitir que El Salvador se alinee con modelos ya implementados en países como Chile, Colombia y Perú, donde las APP han sido utilizadas para fortalecer el desarrollo de infraestructura.
Propuesta de la DAPP y su rol en la gestión de proyectos
La Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) se contempla como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica, encargada de coordinar y supervisar el ciclo completo de los proyectos APP.
Entre sus funciones se incluirían la identificación de proyectos viables, el registro de contratos, la evaluación de iniciativas privadas, la emisión de lineamientos técnicos y la aprobación de estudios de factibilidad. También podría declarar de interés público ciertas propuestas presentadas por el sector privado.
Asimismo, tendría la facultad de solicitar información a instituciones del Estado y brindar acompañamiento técnico para la estructuración de proyectos.
Rol de la Asamblea Legislativa y participación del Estado
El anteproyecto establece que todos los contratos APP deberán ser autorizados por la Asamblea Legislativa, lo que garantiza un control institucional sobre los compromisos adquiridos. En caso de no ser aprobados, el Estado no asumiría obligaciones económicas con los oferentes.
El diputado William Soriano destacó que el país atraviesa una etapa de expansión en infraestructura, por lo que considera clave el uso de mecanismos de inversión conjunta debido a las limitaciones de recursos públicos.
También señaló que el sector privado podrá presentar iniciativas para atender necesidades no cubiertas por el Estado, las cuales serán evaluadas técnicamente antes de su posible aprobación legislativa.
Modalidades de contratos previstos
La propuesta de ley contempla cuatro tipos de contratos APP con un plazo máximo de hasta 50 años. Entre ellos se encuentran los contratos autosostenibles, financiados exclusivamente con ingresos generados por los usuarios, sin participación económica del Estado, y los contratos cofinanciados, que incluyen aportes o garantías estatales.
En cuanto a los bienes, se establecen contratos con infraestructura estatal, donde el gobierno provee los activos, y contratos con bienes del inversionista privado, quien aporta la infraestructura o recursos necesarios, con posibilidad de transferencia al Estado al finalizar el contrato.
Supervisión fiscal y rol del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda tendría un papel central en la evaluación del impacto fiscal de cada proyecto. Será responsable de analizar los riesgos financieros, emitir dictámenes técnicos y verificar la disponibilidad presupuestaria de las instituciones involucradas.
Además, deberá asegurar que los compromisos adquiridos estén debidamente incorporados en los presupuestos públicos y que no comprometan la sostenibilidad fiscal del Estado.
Derechos y obligaciones del sector privado
El marco propuesto establece derechos para los inversionistas privados, como el cobro de tarifas, acceso a financiamiento, subcontratación de terceros y solicitud de prórrogas en casos justificados.
A la vez, se definen obligaciones estrictas, como cumplir estándares técnicos de calidad, garantizar la continuidad del servicio, presentar informes financieros auditados, someterse a auditorías y responder por daños a terceros o bienes públicos.
Al concluir el contrato, el agente privado deberá transferir al Estado los activos del proyecto en condiciones adecuadas de operación, asegurando la continuidad del servicio.
