
La Asamblea Legislativa aprobó, con 58 votos, una reforma para otorgar seguridad jurídica y territorial a 18 familias de escasos recursos que habitan en los sectores 1 y 2 de la comunidad Michapa, ubicada en Cuscatlán Sur, quienes durante más de 20 años esperaron obtener las escrituras de sus propiedades.
La aprobación se realizó durante la plenaria 111, en la que los diputados avalaron modificar la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía Declarados en Desuso y Desafectados como Uso Público.
Con esta reforma, los terrenos podrán ser transferidos legalmente a las familias que actualmente habitan en la zona, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
De acuerdo con la información presentada en la sesión plenaria, las viviendas beneficiadas se encuentran ubicadas en dos tramos cercanos a la carretera Panamericana. Uno de los sectores está próximo a San Martín y el segundo se localiza en el desvío hacia San Rafael Cedros, en el municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Sur.

Previo a la aprobación legislativa, instituciones del Gobierno realizaron una inspección técnica de campo para verificar las condiciones de los terrenos. En la evaluación participaron especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Ministerio de Vivienda, FONAVIPO y la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP).
Tras la inspección, las autoridades determinaron que los terrenos podían ser declarados en desuso y desafectados del uso público, permitiendo avanzar en el proceso de legalización y entrega de escrituras.
Con esta aprobación, la comunidad Michapa se convierte en la número 16 beneficiada con procesos de entrega de títulos de propiedad impulsados desde la actual legislatura.

La diputada de Nuevas Ideas, Janneth Molina, quien promovió la iniciativa, aseguró que la medida permitirá brindar seguridad jurídica a las familias que por años esperaron ser escuchadas.
Además, señaló que las solicitudes de los habitantes no eran recientes y que anteriormente el caso había sido presentado sin recibir seguimiento para concretar la entrega de las propiedades.
Con esta medida, las familias beneficiadas podrán contar legalmente con documentos que acrediten la propiedad de sus viviendas, lo que también les permitirá acceder a mayor estabilidad y certeza jurídica sobre los inmuebles que habitan.
