
La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos, una nueva prórroga de la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), medida que permitirá a las familias salvadoreñas continuar recibiendo el subsidio al gas durante un año más.
Con esta decisión, la normativa estará vigente desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, manteniendo el apoyo económico para aproximadamente el 80% de la población que utiliza cilindros de gas licuado en sus hogares.
La medida busca evitar que las variaciones internacionales en los precios de los hidrocarburos afecten directamente la economía familiar y provoquen incrementos en el costo del gas de uso doméstico.
Gracias a la continuidad del subsidio, los precios máximos de venta al consumidor se mantendrán sin cambios. El cilindro de 10 libras seguirá costando US$4.61; el de 20 libras, US$8.98; el de 25 libras, US$11.13; y el de 35 libras, US$15.50.

El beneficio es aplicado a través de las empresas encargadas del envasado y distribución del gas en cilindros portátiles, permitiendo reducir el impacto económico que generan las fluctuaciones del mercado internacional.
La ley fue aprobada originalmente en junio de 2023 como una medida temporal para proteger a la población ante el aumento global de los combustibles y sus efectos en el costo de productos básicos y servicios. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha extendido anualmente su vigencia.
Según lo expuesto durante la plenaria, el Gobierno solicitó una nueva prórroga luego de realizar evaluaciones técnicas que determinaron que aún persisten factores económicos externos que podrían afectar las finanzas de los hogares salvadoreños y las actividades productivas del país.

Las autoridades señalaron que mantener el subsidio al gas también contribuye a evitar incrementos en el precio de los alimentos y otros productos, debido a que este recurso es ampliamente utilizado tanto en los hogares como en pequeños negocios y comercios.
Además, las disposiciones aprobadas autorizan al Ministerio de Hacienda a implementar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios y asegurar la continuidad del beneficio para la población.
Con esta nueva extensión, el Gobierno y la Asamblea Legislativa buscan mantener un apoyo directo a las familias salvadoreñas frente a las condiciones económicas internacionales, preservando la estabilidad en uno de los servicios básicos más utilizados en el país.
