Redacción Dinero.com.sv 
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, El Salvador y Argentina suscribieron el nuevo Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), un instrumento que busca establecer un marco jurídico para fortalecer las condiciones relacionadas con las inversiones entre ambos países.
El acuerdo fue suscrito por la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y el canciller de Argentina, Pablo Quirno, como parte de la agenda bilateral que ambos gobiernos vienen desarrollando desde 2024.
Desde el enfoque de las inversiones, el nuevo APPRI contempla un marco jurídico previsible y equilibrado, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, según explicó el canciller argentino. Esto busca brindar mayores condiciones de certeza para las inversiones que se desarrollen entre ambos países.
Quirno destacó que la firma del acuerdo forma parte de la agenda estratégica que El Salvador y Argentina han venido impulsando desde 2024 y señaló que existe un buen estado en la relación bilateral entre ambas naciones.
Por su parte, la canciller salvadoreña destacó que la visión compartida de ambos gobiernos continúa avanzando y que el fortalecimiento de los vínculos bilaterales debe traducirse en beneficios concretos para sus pueblos.
La suscripción del APPRI incorpora así un nuevo instrumento a la relación entre El Salvador y Argentina, específicamente orientado a la promoción y protección recíproca de las inversiones. Su propósito es establecer condiciones jurídicas que acompañen el desarrollo de los vínculos económicos entre ambos países.
El Gobierno de El Salvador mantiene una agenda estratégica con Argentina orientada a generar condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo de ambos países. La firma de este acuerdo se suma a ese objetivo y refuerza el marco de cooperación bilateral en materia de inversiones.
Con este nuevo instrumento, El Salvador y Argentina buscan avanzar en una relación económica basada en confianza, previsibilidad y reglas para la protección de las inversiones, dentro de la agenda estratégica que ambos gobiernos desarrollan desde 2024.
