Redacción Dinero.com.sv 
Reducir la burocracia para agilizar la concreción de alianzas público-privadas es uno de los principales objetivos del nuevo marco regulatorio en estudio, afirmó el presidente de Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador, Rodrigo Ayala, durante su intervención ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.
La comisión continúa analizando una propuesta para crear la Ley de Alianzas Público Privadas (APP), iniciativa que busca modernizar el marco jurídico vigente, dinamizar la inversión y ampliar la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos en infraestructura y servicios públicos.
Durante la sesión, Ayala explicó que uno de los principales obstáculos actuales para desarrollar este tipo de proyectos es la dispersión de competencias entre distintas instituciones, lo que genera retrasos en los procesos. En ese sentido, señaló que la propuesta plantea centralizar las funciones clave en una sola entidad técnica, con el fin de hacer más eficiente la gestión.
El funcionario aclaró que las APP no representan un proceso de privatización, sino un mecanismo regulado para atraer inversión privada y ejecutar proyectos bajo criterios técnicos. Detalló que estos esquemas implican evaluaciones especializadas, procesos de precalificación y estudios detallados antes de su aprobación.
La iniciativa contempla la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), adscrita al Ministerio de Hacienda, que contará con autonomía técnica y será responsable de coordinar, evaluar y supervisar los proyectos desarrollados bajo este modelo.
Asimismo, el anteproyecto establece un marco normativo integral que regula todas las fases de las APP, desde la estructuración y licitación hasta la ejecución, operación y finalización de los contratos, con el objetivo de garantizar eficiencia, transparencia y calidad en los servicios.
Uno de los aspectos más relevantes es que los contratos podrán tener una duración de hasta 50 años, dependiendo de la naturaleza del proyecto. La ley también define distintas modalidades, entre ellas los proyectos autosostenibles, financiados con tarifas de los usuarios, y los cofinanciados, que incluyen aportes o garantías del Estado.
En cuanto a los bienes involucrados, se contemplan contratos que utilizan activos del Estado y otros en los que el inversionista emplea recursos propios, los cuales pueden o no ser transferidos al finalizar el contrato.
Por su parte, el diputado William Soriano destacó que este modelo permitiría identificar nuevas oportunidades de inversión, mejorar servicios públicos como educación, salud e infraestructura, y brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas.
El legislador también subrayó que sectores como la construcción podrían verse fortalecidos, generando empleo y dinamizando la economía. Añadió que el país atraviesa un contexto favorable para la inversión, impulsado por mejoras en materia de seguridad, lo que hace necesario contar con un marco legal que facilite la participación entre el sector público y privado.
Además, se enfatizó que la nueva ley no estará por encima de la Constitución, por lo que instituciones como la Fiscalía General de la República mantendrán sus atribuciones para proteger los bienes del Estado.
El anteproyecto también asigna al Ministerio de Hacienda un rol clave en la evaluación de los riesgos fiscales y la sostenibilidad financiera de los proyectos, mediante la emisión de dictámenes técnicos antes de su aprobación.
Como parte del proceso de análisis, la comisión acordó invitar en la próxima sesión al ministro de Hacienda, Jerson Posada, con el fin de profundizar en los aspectos financieros de la propuesta.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan establecer un marco más eficiente y transparente que facilite la ejecución de proyectos estratégicos, impulse la inversión y contribuya al desarrollo económico del país.
