Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una reforma a la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones que modifica las condiciones para que empresas que ya operan en El Salvador puedan acceder a incentivos tributarios por ampliar sus inversiones. Uno de los principales cambios establece que los grupos empresariales deberán invertir al menos US$75 millones en conjunto para acceder al nivel más alto de crédito tributario, equivalente al 30%.
La reforma incorpora la figura de los grupos empresariales que operan de manera coordinada en el país y forman parte de una misma cadena productiva. Bajo este mecanismo, varias empresas podrán sumar sus inversiones para cumplir con el monto requerido, pero cada compañía que forme parte del grupo deberá realizar una inversión individual de al menos US$1 millón.
El requisito de los US$75 millones aplica específicamente para alcanzar el rango máximo del incentivo. Actualmente, la ley establece créditos tributarios de 10% para inversiones de entre US$1 millón y US$10 millones; 20% para inversiones superiores a US$10 millones y hasta US$20 millones; y 30% para inversiones de US$20 millones en adelante. Con la reforma, los grupos empresariales que busquen acceder al 30% deberán alcanzar conjuntamente el nuevo umbral de US$75 millones.
La medida pretende incentivar proyectos de expansión de mayor escala y promover que empresas que ya tienen operaciones en el país continúen aumentando su capacidad productiva. La reforma está orientada a inversiones destinadas a fortalecer sectores considerados estratégicos para la economía, entre ellos textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, productos plásticos, calzado, productos químico-farmacéuticos, construcción y fabricación de papel.
La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, explicó que la incorporación de los grupos empresariales amplía el universo de potenciales beneficiarios, especialmente cuando varias compañías participan de una misma cadena productiva. De esta manera, las inversiones realizadas por empresas relacionadas podrán considerarse de forma conjunta para cumplir con los parámetros establecidos en la legislación.
Además del cambio en los montos para los grupos empresariales, la reforma reduce de 10 a cinco años la antigüedad mínima que deben tener las inversiones u operaciones en El Salvador para poder optar a estos beneficios. Esto permitiría que empresas con una presencia más reciente en el país también puedan acceder a los incentivos cuando realicen proyectos de expansión.
La legislación también modifica la metodología para calcular el crédito tributario. En lugar de tomar como referencia los resultados de los últimos 10 años, se utilizará el promedio de los últimos cuatro años, ajustado por inflación. Asimismo, se flexibilizan las reglas de exclusión para permitir que empresas cuyos incentivos anteriores ya hayan vencido o que hayan recibido beneficios únicos y no permanentes puedan optar a los incentivos establecidos en esta normativa.
Según los datos citados durante la discusión de la reforma, desde la entrada en vigor de la ley, en enero de 2026, se han registrado US$502 millones en expansión de inversiones y más de 2,200 nuevos empleos directos y especializados. Con los cambios aprobados, la Asamblea busca ampliar el alcance de los incentivos y motivar nuevas inversiones de expansión dentro del país.
La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Además, las empresas que ya hayan obtenido la calificación de su perfil de inversionista y de su proyecto de expansión antes de la entrada en vigor podrán aplicar la nueva metodología de cálculo del crédito tributario correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
