Alejandra Ortiz 
Con el liderazgo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y bajo la coordinación técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se fortalecen los sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo.
Este apoyo se da en el marco de la cooperación técnica no reembolsable otorgada por el BCIE que permitió el desarrollo de diversos proyectos para robustecer las medidas regulatorias y operativas que buscan combatir los delitos financieros. A la fecha, se están desarrollando 10 proyectos de alcance local y 4 proyectos regionales.
Estos proyectos incluyen 2 cursos de E-learning, 2 Evaluaciones Sectoriales Regionales, más de 10 documentos de Asistencia Técnica, más de 6 podcasts de difusión, más de 10 talleres y actividades presenciales. La experiencia y los resultados de los proyectos han sido compartidos y socializados a nivel regional para fortalecer la cooperación entre países, un aspecto fundamental en la lucha ALA/CFT.
El Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas Antilavado de Activos y Contra Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) se implementó de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas de los países del GAFILAT, una metodología que permite que los países identifiquen sus áreas de mejora en estas temáticas y trabajen sobre la base de acciones recomendadas por expertos.
Las evaluaciones mutuas de la Quinta Ronda del GAFILAT están proyectadas a iniciar en 2025 y buscan medir el cumplimiento del marco Antilavado de Activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de cada país miembro de este organismo. Las evaluaciones serán una hoja de ruta para que los países trabajen sobre la base de acciones recomendadas para el fortalecimiento de sus sistemas.
En ese sentido, a través de este programa, el BCIE busca que los países estén preparados para este proceso y protejan sus sistemas financieros para aumentar la confianza de los inversionistas y potenciar su crecimiento económico, así como reducir el riesgo a sanciones o inclusión en listas de jurisdicciones bajo monitoreo que afecten su economía.
