Denis Muñoz La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de una reforma a la Ley del Presupuesto General 2025, con el objetivo de garantizar el financiamiento del Programa Integral de Seguridad Hídrica, centrado en la restauración y conservación del río Lempa, una de las principales fuentes de agua del país. La iniciativa refleja un compromiso financiero firme con la protección de los servicios ecosistémicos que este afluente provee a millones de salvadoreños.
El monto aprobado asciende a US$24 millones, recursos que se asignarán específicamente para implementar acciones que aseguren la conservación de los servicios ecosistémicos sostenidos por el río Lempa. Esta inversión pública es considerada estratégica, ya que el afluente no solo abastece agua para consumo humano, sino también para la agricultura, la industria, la producción de energía hidroeléctrica y la mitigación de riesgos climáticos.
Según explicó Julio Alemán Chávez, del Departamento de Gestión Estratégica de la Deuda del Ministerio de Hacienda, el financiamiento proviene de los recursos generados por operaciones de manejo de pasivos durante 2024, lo cual habilita al Gobierno a cumplir con los compromisos establecidos en el programa para 2025. Esta asignación responde a un enfoque de inversión pública responsable y orientada a la sostenibilidad ambiental.
La medida se enmarca en el Acuerdo de Fondeo para Conservación (CFA, por sus siglas en inglés), ratificado por la Asamblea Legislativa el 11 de diciembre de 2024, el cual contempla un financiamiento total de US$350 millones a ejecutar en un plazo de 20 años. Este acuerdo consolida una política fiscal de largo plazo para respaldar la seguridad hídrica en el país.
De acuerdo con los términos del acuerdo, los pagos anuales del Ministerio de Hacienda al programa de conservación serán en promedio de US$17.5 millones entre 2026 y 2044. Sin embargo, para 2025 se estableció una asignación excepcional de US$24 millones, que se distribuirán en dos desembolsos iguales de US$12 millones en abril y octubre.
Esta acción legislativa evidencia la prioridad que el Estado está dando a la inversión ambiental desde una perspectiva fiscal, al incorporar mecanismos de financiamiento sostenido y planificación presupuestaria estratégica para abordar desafíos ecológicos y garantizar la disponibilidad de recursos hídricos a largo plazo.
