Redacción Dinero.com.sv 
Diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial emitieron dictamen favorable para la creación de una normativa que permitirá transferir dos inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), con el objetivo de legalizarlos y entregarlos a más de 60 familias de la comunidad Barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo.
La iniciativa busca garantizar seguridad jurídica a las familias que por años han habitado estos terrenos sin contar con títulos de propiedad. Para ello, se plantea un mecanismo especial dentro de la Ley de Transferencia de Inmuebles que permitirá al Ministerio de Hacienda ceder los terrenos a FONAVIPO, entidad que posteriormente se encargará de su legalización y entrega gratuita a los beneficiarios.
La comunidad Barrio La Aduana se encuentra en una zona urbana ubicada en la intersección de la 1.ª avenida Sur, 3.ª calle Poniente y avenida Osegueda. El inmueble principal tiene una extensión total de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales más de 7,400 ya son habitados por las familias. Además, se incluye un segundo terreno de 1,573 metros cuadrados, que fue declarado en desuso por la alcaldía en 2023 para facilitar su asignación.
El proceso para concretar esta transferencia ha avanzado en distintas etapas. En julio de 2023, el Consejo de Ministros autorizó el traspaso de los inmuebles a FONAVIPO, decisión que fue ratificada en mayo de 2025 antes de ser enviada a la Asamblea Legislativa para su aprobación final.
El diputado Ángel Lobos destacó que esta medida responde a una demanda histórica de la comunidad, cuyos habitantes han esperado durante décadas la legalización de sus terrenos. Según explicó, con esta normativa las familias podrán obtener escrituras y asegurar un patrimonio para sus hijos y futuras generaciones.
De aprobarse la ley, podrán ser beneficiarias las personas que hayan ocupado los terrenos de forma continua por al menos 10 años. Además, tendrán acceso a programas de apoyo o financiamiento ofrecidos por FONAVIPO para mejorar sus viviendas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
El proceso de legalización incluirá varias etapas. El Ministerio de Vivienda realizará un censo de beneficiarios y coordinará la lotificación de los terrenos. A través de la Dirección de Legalización de la Propiedad, también se llevarán a cabo las mediciones, delimitación de lotes y trámites ante el Centro Nacional de Registros para su inscripción formal.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda asumirá el pago de deudas municipales pendientes del inmueble principal hasta la entrada en vigencia de la ley. Una vez completada esta etapa, FONAVIPO continuará con los procesos administrativos hasta formalizar la transferencia a cada familia.
Al tratarse de un proyecto de interés social, el proceso estará exento de impuestos, derechos registrales y otros costos, facilitando el acceso a la propiedad. Sin embargo, las familias beneficiadas no podrán vender, alquilar ni transferir los inmuebles durante un período de 20 años, con el fin de evitar la especulación y garantizar que el beneficio cumpla su propósito social.
Finalmente, la normativa establece que el fiscal general, Rodolfo Delgado, será el encargado de firmar la escritura de donación de los inmuebles en representación del Estado.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan saldar una deuda histórica con la comunidad, brindando certeza legal sobre sus viviendas y contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a un patrimonio seguro.
