Redacción Dinero.com.sv 
La Defensoría del Consumidor realizó este jueves un dispositivo de inspección a importadores y almacenadoras de granos básicos en el distrito de Acajutla, municipio de Sonsonate Oeste, con el objetivo de verificar las condiciones de comercialización, la calidad de los productos y los niveles de inventario disponibles para el mercado nacional.
El operativo fue liderado por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, quien realizó una inspección en la almacenadora Alcasa, donde se constató el proceso de empaque de maíz blanco, producto que posteriormente es distribuido a diferentes comercializadoras. En estas instalaciones también se manejan productos como trigo y arroz.
Durante la jornada, Salazar señaló que las inspecciones realizadas en la cadena de suministro han permitido constatar que el mercado nacional se encuentra suficientemente abastecido de maíz y otros productos básicos y que las labores de importación se desarrollan con normalidad.
El funcionario detalló que El Salvador está cerca de alcanzar los 3 millones de quintales importados de maíz blanco, mientras que las importaciones de arroz rondan 1.5 millones de quintales. Según explicó, estas cifras reflejan un nivel importante de abastecimiento para atender la demanda a escala nacional.
Las verificaciones forman parte de un trabajo que la Defensoría desarrolla a escala nacional. De acuerdo con Salazar, en lo que va del año se han realizado más de 15,000 verificaciones a diferentes agentes que participan en la cadena de suministro.
En esta ocasión, las inspecciones se concentraron en grandes almacenadoras, importadores y distribuidores de productos de la canasta básica. Los equipos verifican los niveles de inventario, los precios de compra a proveedores y los precios de venta dentro de la cadena de suministro.
Además de comprobar el abastecimiento, estas acciones buscan identificar posibles incrementos injustificados de precios y verificar la colaboración de los distintos actores con las labores de investigación de la institución.
Salazar informó que, como resultado de las actuaciones realizadas hasta la fecha, la Defensoría ha impuesto más de 160 sanciones, que en conjunto representan más de US$950,000 en multas. Explicó que los procedimientos sancionatorios se activan cuando se detectan incrementos injustificados de precios o falta de colaboración durante las investigaciones.
La inspección en Alcasa forma parte de las acciones para dar seguimiento a la disponibilidad de productos esenciales y a las condiciones en que estos son comercializados y distribuidos. Con ello, la Defensoría busca verificar que los productos de la canasta básica lleguen a los comerciantes y que exista suficiente abastecimiento en el mercado nacional.
