Alejandra Ortiz La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso crucial para dinamizar el sector de la construcción y las telecomunicaciones, al emitir un dictamen favorable para una normativa especial. Esta medida busca empoderar al Ministerio de Vivienda para otorgar de forma directa permisos de infraestructura pasiva y proyectos de interés social. El objetivo primordial es impulsar el desarrollo económico y la conectividad en todo el territorio nacional.
La propuesta busca erradicar la burocracia, facultando al ministerio a emitir autorizaciones sin requerir aprobaciones adicionales de alcaldías u otras entidades, salvo excepciones. Esto simplificará drásticamente los procesos para la construcción de torres de telecomunicaciones y el desarrollo de viviendas. La medida es un incentivo directo para acelerar la inversión en áreas estratégicas.
Entre las nuevas atribuciones del Ministerio de Vivienda se encuentra la exclusividad para autorizar obras de infraestructura pasiva, proyectos habitacionales de interés social, y construcciones menores a 250 metros cuadrados si las municipalidades carecen de capacidad técnica. También gestionará trámites pendientes o iniciados bajo normativas previas, garantizando continuidad y eficiencia.
Un aspecto económico relevante es la exención de tasas municipales adicionales para estos proyectos, salvo en terrenos municipales. Se establecerá un régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de la normativa. Los proyectos de interés social gozarán de beneficios especiales, como la reducción de tarifas registrales y la exención del requisito de solvencia municipal.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, enfatizó la importancia de la iniciativa para reducir la brecha digital y fomentar una economía moderna. Argumentó que la escasez de torres de telecomunicaciones limita el acceso a educación, salud y la competitividad del país. La aprobación de esta ley es vital para fortalecer la infraestructura digital y avanzar hacia una economía más inclusiva.
En cuanto a la vivienda, Sol destacó que la normativa incentivará la participación de la empresa privada en la producción de vivienda de interés social, agilizando la tramitología. Los desarrolladores no requerirán solvencias municipales y los compradores obtendrán un descuento del 75 % en los aranceles de registro, lo que facilitará el acceso a la vivienda digna.
La ministra concluyó señalando que el clima de seguridad actual ha disparado la demanda de vivienda de interés social y ha incrementado la plusvalía de propiedades devaluadas. El Sistema de Vivienda reporta una inversión de $1,140 millones, beneficiando a más de 55,000 familias. Esta normativa es clave para aumentar la oferta de vivienda y consolidar el desarrollo urbano.
