Redacción Dinero.com.sv 
Rita Zambrano Barrios, Gerente Senior de Impuestos EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
La investigación denominada Operación Pandora en Panamá puso bajo escrutinio posibles irregularidades relacionadas con el manejo y la transferencia de créditos fiscales. La situación plantea una reflexión que trascendió sus fronteras.
Para las empresas que operan en Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y otros mercados de la región, la creciente digitalización de las administraciones tributarias está transformando la gestión del riesgo fiscal. Hoy no basta con cumplir formalmente con una obligación; también es necesario contar con controles que permitan identificar inconsistencias, prevenir riesgos y demostrar cómo se tomaron y respaldaron determinadas decisiones tributarias.
La pregunta que deben hacerse las organizaciones es sencilla: ¿Puede mi empresa demostrar que actuó con la debida diligencia frente a una operación tributaria realizada años atrás?
Esta interrogante cobra especial relevancia en operaciones que involucran créditos fiscales. La existencia de un saldo a favor registrado ante una administración tributaria no necesariamente basta para determinar que se trata de un crédito válido y debidamente sustentado. Es necesario conocer su origen, revisar la documentación que lo respalda, verificar su trazabilidad y contrastarlo con los registros contables y tributarios de la compañía.
Por ello, la debida diligencia debe entenderse, además de, un requisito previo a una transacción, como parte de una estrategia integral de gestión del riesgo fiscal. Cuando una empresa evalúa la adquisición, cesión, compensación o utilización de un crédito fiscal, resulta necesario analizar la operación, las partes involucradas, la documentación disponible y la información registrada ante la autoridad tributaria correspondiente.
En este contexto cobra especial importancia el Archivo de Defensa (Defense File), entendido como un expediente que reúne de manera ordenada la evidencia que sustenta una posición u operación tributaria. Contratos, declaraciones, formularios, comprobantes de pago, conciliaciones, registros contables, análisis técnicos y comunicaciones relevantes pueden ser determinantes para reconstruir, tiempo después, el razonamiento y las verificaciones realizadas por la organización.
Esta capacidad de reconstruir una decisión también resulta relevante fuera de las operaciones con créditos fiscales. Una empresa puede ser requerida años después para explicar el origen de una posición tributaria, la razonabilidad de una operación o los controles aplicados para verificar determinada información. En ese escenario, cumplir y poder demostrar que se cumplió son dimensiones distintas del riesgo fiscal.
El caso también invita a considerar otro escenario: que una compañía detecte movimientos o modificaciones en sus registros tributarios que no reconoce. Por ello, el control no debería terminar cuando se presenta una declaración o se realiza un pago. El monitoreo periódico de las cuentas tributarias y la revisión de la información registrada ante las autoridades fiscales deberían formar parte de los procesos de control de las organizaciones.
La digitalización ha agilizado la relación entre contribuyentes y administraciones tributarias, pero también ha elevado la importancia de contar con mecanismos de supervisión adecuados. La gestión de usuarios y accesos, la actualización de información, la segregación de funciones, las conciliaciones y el monitoreo de movimientos en las plataformas fiscales adquieren mayor relevancia en este entorno.
La Operación Pandora continúa bajo investigación, por lo que sería prematuro extraer conclusiones definitivas sobre las responsabilidades de las personas o entidades involucradas. Sin embargo, el caso sí permite abrir una conversación empresarial sobre cómo las organizaciones pueden anticiparse a escenarios de riesgo y fortalecer sus propios procesos, independientemente de las conclusiones que finalmente determinen las autoridades.
La gestión del riesgo fiscal exige evolucionar de una visión reactiva del cumplimiento hacia una estrategia preventiva, documentada y transversal. Esto implica revisar no solo qué obligaciones tiene una empresa, sino también quién tiene acceso a su información tributaria, cómo se validan sus operaciones, cómo se detectan inconsistencias y qué evidencia existe para respaldar sus decisiones.
La pregunta para las organizaciones ya no debería ser únicamente si cumplen con sus obligaciones tributarias, sino si están preparadas para demostrarlo.
