Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos, una prórroga de cinco años a la Ley Especial para la legalización de inmuebles adjudicados, vía judicial, al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), tras el proceso judicial promovido contra la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES). La medida permitirá que las familias que aún tienen trámites pendientes puedan avanzar en la obtención de sus títulos de propiedad.
El caso se remonta a 1998, cuando PROCADES recibió fondos del Gobierno para desarrollar un programa de créditos colectivos destinados a lotificaciones habitacionales. La asociación posteriormente cayó en impago, por lo que se inició un proceso judicial que derivó en el embargo de propiedades que estaban a su nombre y, posteriormente, en su adjudicación a FONAVIPO.
Sin embargo, antes de que se completara este proceso, PROCADES había vendido los inmuebles a 245 familias de diferentes zonas del país. Aunque los compradores pagaron total o parcialmente por los terrenos, la asociación no les entregó los títulos de propiedad, dejando pendiente la legalización de los inmuebles adquiridos.
Para atender esta situación, en octubre de 2021 la Asamblea Legislativa aprobó una normativa especial que estableció un mecanismo para que los terrenos adjudicados judicialmente a FONAVIPO pudieran ser transferidos en donación a las personas que los compraron y realizaron los pagos correspondientes a PROCADES.
La normativa también contempla la posibilidad de solicitar ante el juez correspondiente el desembargo de aquellos terrenos que no fueron adjudicados a FONAVIPO. De esta manera, se establecieron mecanismos legales para que las familias pudieran avanzar en la regularización de los inmuebles que habían adquirido.
Hasta la fecha, 149 de las 245 familias beneficiadas ya recibieron sus escrituras, las cuales fueron debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR). Esto significa que todavía quedan 96 familias con trámites pendientes para completar la legalización de sus terrenos.
La prórroga aprobada permitirá que estas 96 familias continúen sus procesos de legalización durante los próximos cinco años. La normativa, que estaba vigente hasta el 11 de octubre, tendrá una extensión hasta el 12 de octubre de 2031 para completar los trámites correspondientes.
Los terrenos involucrados están ubicados en Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo e Ilopango, en San Salvador; San Pablo Tacachico y San Juan Opico, en La Libertad; El Rosario y Cuyultitán, en La Paz; Tecoluca, en San Vicente; y Usulután y Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután.
