
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar US$912,210 al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), con el fin de dar continuidad al Programa Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático.
Los recursos permitirán financiar diferentes acciones orientadas a fortalecer el sistema educativo y ampliar el acceso a una educación más inclusiva y de calidad.
Del monto aprobado, US$651,500 serán destinados al arrendamiento de inmuebles y a la realización de adecuaciones menores para la reubicación de estudiantes. Además, US$73,200 se utilizarán para contratar profesionales que supervisarán los procesos formativos y darán seguimiento a las personas capacitadas para identificar a estudiantes dentro del espectro autista.

Asimismo, US$180,004 servirán para contratar al personal que integrará la Unidad Gestora del Programa, encargada de coordinar su ejecución y atender contingencias. Los US$7,506 restantes se invertirán en especialistas que brindarán seguimiento y apoyo técnico-pedagógico.
La mayor parte de los recursos, equivalente a US$904,704, proviene de un préstamo de US$150 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ratificado por la Asamblea Legislativa en octubre de 2025. Los otros US$7,506 corresponden a fondos de donación provenientes de convenios financiados por la Alianza Mundial para la Educación y recursos no reembolsables administrados por el BID.
En conjunto, el préstamo y las donaciones representan una inversión de US$164 millones para el desarrollo del programa.

El Programa Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático busca ampliar la cobertura educativa, especialmente en educación parvularia y bachillerato, fortalecer la calidad de la enseñanza e incrementar el acceso a servicios educativos inclusivos para estudiantes con discapacidad.
Además, contempla acciones para facilitar la reincorporación al sistema educativo de personas migrantes retornadas y fortalecer la capacidad del sistema educativo para responder a los efectos del cambio climático mediante medidas de prevención, adaptación y gestión institucional.
