Redacción Dinero.com.sv 
El Centro Nacional de Registros (CNR) tendría un papel fundamental en la implementación de la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) que actualmente estudia la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, al convertirse en la institución encargada de brindar seguridad jurídica a los proyectos que se desarrollen bajo este modelo.
Durante una sesión de trabajo con los diputados, el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, explicó que la institución sería responsable de respaldar legalmente a las empresas, propiedades, garantías y derechos asociados a las alianzas que se establezcan entre el Estado y el sector privado.
La propuesta de ley busca modernizar el marco normativo para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos mediante la participación conjunta de entidades gubernamentales y empresas privadas, bajo principios de transparencia, eficiencia y sostenibilidad.
De acuerdo con Trigueros, una de las principales funciones del CNR sería intervenir a través del Registro de Comercio para constituir las Sociedades de Propósito Especial (SPE), que serían las empresas creadas específicamente para ejecutar los proyectos aprobados bajo la modalidad de alianzas público-privadas.
Asimismo, la institución tendría la responsabilidad de registrar las garantías financieras que respalden las inversiones realizadas. Esto permitiría que los proyectos cuenten con mecanismos legales que brinden confianza tanto a inversionistas como a entidades financieras involucradas en su financiamiento.
Otro de los aspectos destacados por el funcionario es la protección de los terrenos y derechos de paso requeridos para la ejecución de obras de infraestructura. Según explicó, el CNR contribuiría a asegurar que estas propiedades cuenten con respaldo legal adecuado, reduciendo el riesgo de conflictos jurídicos que puedan retrasar o afectar el desarrollo de los proyectos.
La propuesta también contempla la participación del CNR en el registro de garantías mobiliarias y prendarias, herramientas utilizadas para respaldar operaciones financieras relacionadas con la construcción y ejecución de las obras.
Además, a través del Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual, entidad adscrita al CNR, se podrían registrar marcas, patentes, software y derechos de autor que surjan durante el desarrollo de los proyectos ejecutados bajo este esquema.
Mientras la futura Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAPP) y el Ministerio de Hacienda tendrían a su cargo la evaluación técnica, financiera y fiscal de las iniciativas, el CNR asumiría la función de garantizar la seguridad jurídica de todos los elementos vinculados a cada proyecto.
Las autoridades consideran que este respaldo legal será clave para atraer inversión privada y generar confianza en las alianzas público-privadas que puedan desarrollarse en el país. La propuesta de ley continúa siendo estudiada por los diputados y, de obtener dictamen favorable, deberá ser sometida a votación en el pleno legislativo.
