
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, firmaron un convenio de préstamo por US$155 millones para ejecutar el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II, una iniciativa orientada a fortalecer la conectividad del país y mejorar las condiciones de movilidad para millones de salvadoreños.
La firma del convenio marca el inicio formal de una inversión estratégica destinada a desarrollar proyectos de infraestructura que buscan reducir la congestión vehicular, agilizar los tiempos de traslado y mejorar la eficiencia del transporte de personas y mercancías. Según las proyecciones, las obras beneficiarán de manera directa a más de 1.17 millones de habitantes.

Uno de los componentes principales del programa será la ampliación y mejoramiento de la carretera RN13W, en el tramo comprendido entre el desvío de Atiquizaya y el desvío al bypass de Ahuachapán. La intervención contempla ampliar la vía de dos a cuatro carriles e incorporar infraestructura complementaria como ciclovías, aceras, puentes peatonales, sistemas de drenaje y medidas de seguridad vial.
Además, los recursos permitirán financiar el diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como el diseño del Corredor Oriente. Estas obras forman parte de una estrategia para mejorar la circulación vehicular en la capital y sus alrededores, facilitando una conexión más eficiente entre distintos puntos del territorio nacional.

Las autoridades consideran que el programa tendrá un impacto más allá de la movilidad urbana. Al fortalecer la infraestructura vial, se espera una reducción en los costos logísticos para empresas y transportistas, lo que podría favorecer la competitividad económica y el comercio regional. Asimismo, una red de carreteras más moderna contribuirá a mejorar el acceso a servicios, oportunidades de empleo y actividades productivas.
Con la suscripción del convenio, el BCIE reafirma su apoyo a proyectos de infraestructura considerados prioritarios para el desarrollo del país. El financiamiento permitirá avanzar en obras que buscan responder al crecimiento de la demanda de transporte y a la necesidad de contar con corredores viales más seguros, eficientes y adaptados a las dinámicas actuales de movilidad.
