
El Ministerio de Hacienda deberá realizar informes y emitir dictámenes fiscales que incluyan la capacidad del Estado para asumir los costos de los proyectos desarrollados bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas (APP), como parte de las reformas contempladas en la nueva Ley de APP que estudia la Asamblea Legislativa.
La propuesta fue analizada por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la cual continúa avanzando en el estudio de la normativa orientada a modernizar el esquema de inversión pública y fortalecer la participación del sector privado en proyectos de infraestructura y servicios públicos en El Salvador.
Durante la mesa de trabajo, los diputados recibieron al ministro de Ministerio de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, quien explicó las responsabilidades que tendrá esa cartera de Estado dentro del funcionamiento de las APP.
El funcionario señaló que Hacienda tendrá el papel de garantizar la sostenibilidad y responsabilidad fiscal de cada proyecto, mediante evaluaciones financieras y presupuestarias que permitan evitar afectaciones a las finanzas públicas.
“Qué mejor lugar para asegurar que estos proyectos cumplan en la parte fiscal, que no haya un costo que perjudique las finanzas públicas en el mediano plazo, que el Ministerio de Hacienda que es quien lleva el control y manejo de los recursos del Estado y las finanzas públicas y el control presupuestario”, afirmó Posada.

Según explicó, el ministerio deberá emitir dictámenes fiscales sobre cada proyecto APP, evaluando la capacidad del Estado para asumir los costos, la distribución de riesgos con posible impacto fiscal y la capacidad de pago de las empresas privadas involucradas.
Además, Hacienda verificará que las instituciones públicas incorporen dentro de sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos de APP.
El ministro también destacó que cada proyecto deberá pasar por un análisis técnico conocido como “valor por dinero”, una herramienta que permitirá determinar si ejecutar una obra mediante una alianza público privada representa mayores beneficios y menores costos para el Estado en comparación con una obra pública tradicional.
“Este análisis técnico es estadístico matemático en el cual se hacen una serie de valoraciones de todos los aspectos del proyecto. Son valoraciones económicas financieras para determinar la conveniencia de realizar este proyecto mediante Alianza Público Privada, versus una obra pública tradicional”, explicó el funcionario.
Las APP son mecanismos mediante los cuales el Estado y empresas privadas trabajan conjuntamente en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de proyectos públicos, compartiendo riesgos y responsabilidades para mejorar la eficiencia y agilizar la ejecución de obras y servicios.
Durante la discusión legislativa, el diputado William Soriano afirmó que el rol del Ministerio de Hacienda será clave para garantizar finanzas públicas sólidas, equilibradas y transparentes en proyectos de gran magnitud.

Asimismo, sostuvo que la nueva normativa envía un mensaje positivo a inversionistas nacionales e internacionales sobre las condiciones que ofrece El Salvador para desarrollar proyectos y atraer inversiones.
“El Salvador está dando un paso histórico gracias a la transformación nacional. Esta ley acelera el desarrollo del país”, expresó el legislador.
El titular de Hacienda también destacó que las APP permitirán aprovechar la experiencia, innovación y tecnología del sector privado para desarrollar proyectos con mayor eficiencia y en menor tiempo, además de compartir riesgos financieros entre el Estado y las empresas participantes.
Según explicó, este tipo de proyectos también estarán sujetos a evaluaciones de rentabilidad social y financiera, con el objetivo de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y asegurar beneficios directos para la población.
Los parlamentarios continuarán el análisis de la normativa en próximas sesiones de trabajo, donde también se prevé la participación de representantes de otras instituciones vinculadas al desarrollo de proyectos de inversión y ordenamiento territorial.
