Redacción Dinero.com.sv 
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dirigido por Rolando Castro, detalló los criterios que deben cumplir las empresas privadas e instituciones públicas interesadas en optar al Premio Nacional al Trabajo Decente, un reconocimiento que busca destacar a las organizaciones que garantizan condiciones laborales dignas, seguras y justas para sus trabajadores.
Uno de los principales aspectos que se evalúan es el cumplimiento de la normativa laboral vigente, es decir, que las organizaciones respeten las disposiciones establecidas en la legislación salvadoreña y garanticen los derechos de sus empleados. Este criterio busca verificar que las relaciones laborales se desarrollen conforme a las obligaciones legales de cada empleador.
Otro requisito importante es el pago de las prestaciones laborales correspondientes. Las empresas e instituciones deben cumplir con las obligaciones económicas que tienen con sus trabajadores, de acuerdo con lo establecido en las leyes, garantizando que reciban los beneficios que les corresponden.
También se toma en cuenta la seguridad y salud ocupacional, un aspecto relacionado con las medidas que implementan las organizaciones para proteger la integridad de sus empleados. Esto incluye la prevención de accidentes, la identificación de riesgos y la creación de espacios laborales que permitan desarrollar las actividades en condiciones seguras.
El cuarto criterio es el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, mediante el cual se considera que los empleadores atiendan sus responsabilidades en materia de protección social para sus trabajadores, conforme a las disposiciones legales.
A través de estos criterios, el Ministerio de Trabajo busca reconocer a las organizaciones que no solo cumplen con sus obligaciones legales, sino que también promueven ambientes laborales donde se respeten los derechos, la dignidad y el bienestar de los empleados.
El Premio Nacional al Trabajo Decente pretende impulsar una cultura de responsabilidad laboral en El Salvador y motivar a más empresas e instituciones públicas a fortalecer sus prácticas, contribuyendo a la construcción de espacios de trabajo más justos y seguros.
