Redacción Dinero.com.sv 
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para ratificar reformas al artículo 208 de la Constitución de la República, con el objetivo de modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y reducir la influencia de los partidos políticos en la integración de este organismo.
Las reformas plantean un cambio sustancial en el modelo actual, ya que los partidos políticos dejarían de proponer directamente a los magistrados del TSE. En su lugar, se busca establecer un sistema que priorice la independencia de los funcionarios electorales, evitando que respondan a intereses partidarios en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el dictamen, el Tribunal Supremo Electoral continuaría integrado por cinco magistrados. Sin embargo, el proceso de elección se modificaría. Tres de ellos, incluido el presidente del organismo, serían seleccionados mediante un proceso público general, lo que apunta a fortalecer la transparencia y la meritocracia en la designación.
Los otros dos magistrados serían elegidos por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de al menos dos tercios de los diputados, a partir de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este mecanismo busca mantener un equilibrio institucional en la selección de los integrantes del ente colegiado.
Otro de los cambios relevantes es la ampliación del período de funciones de los magistrados, que pasaría de cinco a seis años, con el propósito de dar mayor estabilidad a la gestión del organismo electoral.
Actualmente, la Constitución establece que tres de los cinco magistrados del TSE son elegidos a partir de ternas presentadas por los partidos políticos o coaliciones que obtuvieron mayor cantidad de votos en la última elección presidencial, mientras que los otros dos provienen de propuestas de la CSJ. Con la reforma, se elimina la participación directa de los partidos en la nominación.
A pesar de este cambio, la propuesta mantiene a los partidos políticos como actores relevantes en el sistema electoral, al reconocerlos como garantes de la transparencia, legalidad y legitimidad de los procesos, aunque sin injerencia en las decisiones internas del Tribunal.
Los diputados que respaldan la iniciativa señalan que estas modificaciones buscan fortalecer la institucionalidad democrática, al promover un órgano electoral más independiente y confiable para la ciudadanía.
