
Un total de 159 familias afectadas por la estafa de la Corporación Argoz S.A. de C.V. recibieron sus escrituras de propiedad, en un proceso que permitió liberar patrimonio valorado en aproximadamente US$1.6 millones a favor de los beneficiarios.
La entrega fue encabezada por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, acompañada por la representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Mariela Castro. Las escrituras corresponden a lotes ubicados en diferentes zonas del país y forman parte de los esfuerzos para garantizar seguridad jurídica a familias que durante décadas no pudieron obtener la legalización de sus propiedades.
De acuerdo con las autoridades, los 159 lotes entregados forman parte de 40 lotificaciones distribuidas en 11 departamentos del territorio nacional. Con esta acción, las familias beneficiadas obtienen la titularidad legal de sus terrenos, lo que les brinda certeza sobre su patrimonio y mayores oportunidades para heredar estos bienes a futuras generaciones.

La ministra de Vivienda destacó que la entrega representa mucho más que un trámite administrativo, ya que permite a las familias asegurar un patrimonio que en muchos casos esperaron por más de 40 años. Asimismo, señaló que la legalización de los terrenos ofrece tranquilidad a los propietarios y fortalece la estabilidad de sus núcleos familiares.
El monto liberado a favor de las familias mediante la legalización de los 159 lotes asciende a US$1.6 millones, una cifra que refleja el valor económico recuperado por los beneficiarios tras años de incertidumbre sobre la situación legal de sus propiedades.

Las autoridades también informaron que este proceso forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Sistema de Vivienda para regularizar propiedades en todo el país. Según los datos oficiales, hasta la fecha se han legalizado más de 118,600 lotes, lo que representa una recuperación patrimonial superior a los US$2,000 millones a favor de las familias salvadoreñas.
Con la entrega de estas escrituras, las instituciones involucradas buscan continuar resolviendo casos históricos relacionados con la tenencia de tierras y garantizar que más familias puedan acceder a la seguridad jurídica sobre sus propiedades.
