
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, reformas a la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) y a la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), con el objetivo de reorganizar el sector energético, fortalecer la regulación y eliminar la duplicidad de funciones entre ambas instituciones.
Con las modificaciones, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas asumirá las atribuciones relacionadas con el sector eléctrico que actualmente desempeña la SIGET, consolidándose como la entidad responsable de regular, supervisar e implementar las políticas públicas en materia de energía.
De acuerdo con lo aprobado por los diputados, el proceso de transferencia se desarrollará en un plazo de seis meses y estará a cargo de una comisión especial que coordinará el traslado de expedientes, registros, bienes y demás información necesaria para garantizar la continuidad de las funciones. Además, el personal de la Gerencia de Electricidad de la SIGET podrá ser trasladado a la Dirección, si así se requiere.

La DGEHM, creada hace cinco años, ya tiene a su cargo la formulación y ejecución de políticas, estrategias y planes para los sectores de energía, hidrocarburos y minas. Con esta reforma, también será la autoridad competente para aplicar y hacer cumplir la legislación relacionada con el sector eléctrico.
Entre las normativas que quedarán bajo su responsabilidad se encuentran la Ley General de Electricidad, la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad, la Ley Reguladora para el Otorgamiento de Concesiones de Proyectos de Generación Eléctrica en Pequeña Escala, así como la Ley de Creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica y la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, entre otras disposiciones relacionadas con el sector.
Como parte de la reestructuración, la SIGET cambiará su nombre a Superintendencia General de Telecomunicaciones, dejando de ejercer funciones vinculadas con la regulación del mercado eléctrico y concentrándose exclusivamente en el sector de las telecomunicaciones.

La institución será responsable de aplicar la normativa nacional e internacional en esta materia, aprobar las tarifas previstas en la legislación vigente, emitir normas técnicas, resolver controversias entre operadores y representar al país ante organismos internacionales especializados.
Asimismo, las reformas establecen que los integrantes de su organismo director deberán contar con experiencia especializada en telecomunicaciones y que la institución deberá disponer, al menos, de una Gerencia de Telecomunicaciones.
Con esta reorganización, el Gobierno busca centralizar la regulación del sector energético en una sola entidad especializada, fortalecer la eficiencia institucional y agilizar la toma de decisiones en un área estratégica para el desarrollo económico, la inversión y la expansión de los proyectos de generación eléctrica en el país.
