Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga por un año de la Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Cadena de Comercialización de Productos Derivados del Petróleo, con el objetivo de fortalecer la supervisión en estaciones de servicio de combustible y plantas envasadoras de gas licuado en el país.
La medida otorga facultades a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas) para realizar inspecciones en gasolineras y centros de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el fin de verificar el cumplimiento de precios máximos de venta, la calidad de los productos y la entrega exacta de las cantidades establecidas.
Con esta normativa, el Estado mantiene sus funciones de vigilancia, regulación y sanción en toda la cadena de comercialización de combustibles y gas, especialmente en estaciones de servicio y plantas envasadoras, para evitar prácticas abusivas que afecten a los consumidores.
La prórroga fue aprobada con 58 votos y establece que la ley continuará vigente hasta el 30 de junio de 2027. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de julio, una vez sea publicada en el Diario Oficial.
Según lo establecido, equipos técnicos de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, junto con el Ministerio de Economía, serán los encargados de ejecutar las inspecciones en los puntos de venta y distribución, verificando el cumplimiento de la normativa.
El objetivo central de la extensión es dotar a las autoridades de herramientas legales para prevenir irregularidades en la comercialización de combustibles y gas licuado, garantizando transparencia y protección al consumidor.
La ley también establece un régimen de sanciones para los distribuidores que incumplan las disposiciones. Las multas van desde US$500 hasta US$100,000 en casos como impedir inspecciones o no respetar los precios máximos de venta.
En situaciones más graves, como obstaculizar controles durante inspecciones o no cumplir con el envasado exacto del GLP, las sanciones pueden oscilar entre US$10,000 y US$100,000.
Con esta prórroga, el Estado busca reforzar la supervisión del mercado energético y asegurar que los productos derivados del petróleo se comercialicen bajo condiciones de legalidad, calidad y precios justos para la población.
