
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 58 votos, una modificación a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar US$41,400 al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, con el objetivo de fortalecer la gestión y cierre de un programa de infraestructura financiado con recursos externos.
Según la información oficial, los fondos serán destinados al Proyecto Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán y permitirán financiar la prórroga, de enero a junio de 2026, de los contratos de servicios profesionales del personal técnico de la Unidad Ejecutora del Programa.
Entre el personal beneficiado se encuentran un técnico administrativo y el coordinador o gerente técnico, quienes tienen a su cargo funciones clave como la planificación, coordinación, seguimiento y ejecución de las actividades necesarias para completar el cierre del proyecto.

El financiamiento proviene de un saldo disponible de un préstamo por US$144,708,600, suscrito en septiembre de 2015 con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Este crédito fue originalmente destinado a obras de infraestructura vial y la construcción de puentes fronterizos.
De acuerdo con lo detallado, los recursos incorporados corresponden a fondos no utilizados del rubro de “imprevistos” contemplado dentro del plan global de inversión del préstamo, lo que permite su reasignación sin afectar otros componentes del programa.
La incorporación de estos fondos facilitará al MOPT mantener operativa la Unidad Ejecutora del Programa durante el proceso final, asegurar la correcta liquidación de contratos pendientes y completar el cierre administrativo y financiero del préstamo.

Entre las obras vinculadas a este financiamiento destaca el puente General Manuel José Arce, ubicado sobre el río Paz, en el paso fronterizo de La Hachadura, que conecta a El Salvador con Guatemala.
El cierre del programa está previsto para junio de 2026, por lo que esta medida busca garantizar que todos los procesos técnicos y administrativos concluyan de forma ordenada y conforme a los compromisos adquiridos.
Con esta decisión, la Asamblea Legislativa respalda la finalización de proyectos estratégicos de infraestructura y el adecuado uso de recursos provenientes de financiamiento internacional.
