
El Banco Mundial presentó su más reciente informe económico, titulado “Racionalizar la informalidad: Protección social, calidad del empleo y crecimiento”, en el que analiza la estructura laboral de América Latina y el Caribe y ubica a El Salvador con un nivel intermedio de trabajadores asalariados informales frente a otros países de la región.
De acuerdo con las estimaciones del organismo multilateral, entre el 25% y el 30% de los trabajadores asalariados en El Salvador se encuentran en condición de informalidad. Esta proporción sitúa al país por debajo de Guatemala, donde la tasa de asalariados informales supera el 40%-50%, pero por encima de economías como Costa Rica y Uruguay.
El comportamiento de El Salvador se alinea con la tendencia regional y con el patrón global según el cual el porcentaje de trabajadores por cuenta propia disminuye gradualmente a medida que aumenta el PIB per cápita.
Una informalidad que persiste en la región
La informalidad continúa representando un desafío para América Latina y el Caribe. Según el informe, alrededor del 55% de los trabajadores de la región se mantienen en el sector informal, una proporción que ha persistido durante las últimas dos décadas.
El peso de las microempresas también es significativo. El 83% de los trabajadores informales de la región labora o dirige emprendimientos con cinco o menos empleados.
El informe señala además que la mayoría de los microemprendedores informales ingresan a este sector por razones de oportunidad, principalmente en busca de independencia y flexibilidad, más que por razones vinculadas exclusivamente con la necesidad o el desempleo encubierto.

Banco Mundial plantea tres pilares para reducir la informalidad
El Banco Mundial plantea que la formalización de la economía no debe centrarse únicamente en obligar al registro de las microempresas, sino que requiere una estrategia integral basada en tres pilares.
El primero es la evolución del capital humano, mediante el fortalecimiento de la educación pública y técnica y la capacitación de emprendedores transformadores.
El segundo consiste en mejorar el entorno de negocios, reduciendo las trabas crediticias y los costos laborales no salariales que pueden desincentivar la contratación formal.
El tercer pilar corresponde a una protección social adaptada, con sistemas de pensión y salud que respondan de mejor manera a la realidad y a la flexibilidad que valoran los trabajadores actuales.
De esta manera, el informe plantea que enfrentar la informalidad requiere combinar mejores oportunidades de formación, condiciones favorables para las empresas y mecanismos de protección social ajustados a las características del mercado laboral.
