Redacción Dinero.com.sv 
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió un dictamen favorable para exonerar de impuestos US$1.3 millones destinados a 600 extrabajadores de Impression Apparel Group en El Salvador, quienes perdieron su empleo tras el cierre de operaciones de la empresa textil. La medida busca que los fondos de ayuda humanitaria lleguen íntegramente a las personas afectadas.
Durante el estudio de la iniciativa, los diputados recibieron a Gerardo Ramos, jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, quien explicó el tratamiento tributario que tendría esta ayuda. Los recursos fueron gestionados mediante un proceso impulsado por el Consorcio de los Derechos del Trabajador, organización independiente dedicada a investigar condiciones laborales y supervisar el cumplimiento de derechos de trabajadores en fábricas a nivel internacional.
De acuerdo con lo expuesto ante la comisión, el Consorcio promovió un proceso de diálogo con clientes de Impression Apparel Group para buscar apoyo para los trabajadores afectados por el cierre de la fábrica. Como resultado de estas gestiones se concretó la ayuda humanitaria por US$1.3 millones, que sería distribuida entre los exempleados beneficiados.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que los trabajadores puedan recibir el monto que les corresponda sin descuentos tributarios. Ramos explicó que, si la exoneración es aprobada, los recursos no estarían sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni al impuesto del 30 % establecido en la Ley de Agentes Extranjeros para transacciones provenientes de fondos del extranjero.
La exoneración tendría una vigencia de un año. Durante ese período, la medida también permitiría que otros recursos entregados por personas o empresas como ayuda humanitaria a los extrabajadores afectados por el cierre de Impression Apparel Group queden exentos del pago de impuestos, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa.
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) sería la encargada de recibir, administrar y distribuir los fondos entre los 600 extrabajadores beneficiados. De esta manera, la organización actuaría como responsable de canalizar la ayuda hasta las personas que resultaron afectadas por la pérdida de sus empleos.
La propuesta también establece mecanismos de seguimiento sobre el uso del dinero. ORMUSA deberá presentar ante la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre los fondos recibidos y la manera en que fueron distribuidos entre los beneficiarios. El documento deberá contar con la firma y sello de un auditor.
El auditor tendrá a su cargo revisar el manejo de los recursos y respaldar la información incluida en el informe que será presentado al Legislativo. Con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la iniciativa avanza dentro del proceso legislativo y plantea un mecanismo para que los US$1.3 millones de ayuda humanitaria sean entregados a los extrabajadores sin las deducciones tributarias contempladas en la legislación vigente.
