Redacción Dinero.com.sv 
La sequía ya no representa únicamente un desafío ambiental. Para miles de micro y pequeñas empresas (MYPE) del sector agropecuario, sus efectos se traducen en menores ingresos, aumento de costos y un mayor riesgo para la continuidad de sus negocios.
Cuando se habla del fenómeno de El Niño, la atención suele centrarse en la reducción de lluvias, las prolongadas canículas y las afectaciones a los cultivos. Sin embargo, para las micro y pequeñas empresas rurales el impacto va mucho más allá del campo: se refleja en el incremento del costo del agua, la alimentación del ganado, la pérdida de cosechas, el encarecimiento de insumos y la disminución de las ventas, afectando directamente la economía de miles de familias.
De acuerdo con el informe Estado Actual de la MYPE 2023: La otra cara de la economía, elaborado por el Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI, el 87.1 % de los empresarios del sector agropecuario depende de su unidad económica como principal fuente de ingresos, el porcentaje más alto entre todos los sectores productivos. La cifra supera al comercio (78.2 %), producción y transporte (70.2 % y 69.3 %, respectivamente), lo que evidencia que cualquier afectación climática compromete el sustento económico de miles de hogares.
Aunque las MYPE agropecuarias representan cerca de 59,558 unidades económicas, equivalente al 7 % del universo MYPE, son uno de los sectores con mayor vulnerabilidad debido a su dependencia de la disponibilidad de agua y de la estabilidad de la producción.
Dos realidades frente a un mismo fenómeno
El impacto de El Niño no es igual para todas las empresas rurales. Mientras algunas cuentan con recursos para adaptarse, otras enfrentan dificultades que ponen en riesgo su supervivencia.
Las unidades de acumulación, con mayor capacidad financiera, pueden invertir en reservorios de agua, sistemas de riego, asistencia técnica y planificación de cultivos. Para ellas, la variabilidad climática representa un riesgo que puede gestionarse mediante inversiones oportunas.
En contraste, las unidades de subsistencia, donde la vivienda funciona también como lugar de producción y venta, carecen de recursos para implementar medidas de adaptación. En estos casos, la escasez de agua obliga a tomar decisiones críticas, como vender el ganado antes de tiempo, reducir la producción o recurrir al endeudamiento para continuar operando.
Esta diferencia evidencia que la resiliencia frente al cambio climático depende, en gran medida, de la capacidad económica de cada negocio.
La anticipación como estrategia empresarial
El caficultor Bryan Martínez, propietario de El Refugio Coffee, representa un ejemplo de cómo la planificación puede reducir el impacto del cambio climático.
Gracias a su participación en el programa AL-INVEST Verde y a su formación en el MBA de la Escuela LID de FUSAI, ha incorporado prácticas sostenibles como la cosecha de agua, la construcción de banquinas y técnicas para mejorar la recarga hídrica de los suelos.
Según explica el productor, estas acciones no solo fortalecen la conservación ambiental, sino que también incrementan la productividad, reducen la incidencia de plagas y enfermedades, disminuyen costos de producción y garantizan una mejor disponibilidad de agua durante la época seca.
Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de estrategias requiere inversión, acceso a conocimiento y financiamiento, condiciones que no están al alcance de la mayoría de las microempresas rurales.
Adaptarse requiere inversión
Las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como la construcción de reservorios artesanales, la captación de agua lluvia y el almacenamiento para riego y consumo animal, buscan promover una cultura de prevención frente a la sequía.
No obstante, implementar estas medidas implica recursos económicos que muchas unidades productivas no poseen. Mientras para algunas empresas representan una inversión viable, para otras continúan siendo alternativas difíciles de ejecutar sin apoyo financiero y asistencia técnica.
El impacto llega a toda la economía
Las consecuencias de una menor producción agrícola no se limitan al productor. La disminución de las cosechas provoca escasez de materias primas, incrementa los precios y afecta el abastecimiento de otros sectores económicos.
El impacto alcanza a pequeñas agroindustrias, pupuserías, cafeterías, tiendas de barrio y otros negocios que dependen de productos agrícolas para mantener su operación diaria. De esta manera, un fenómeno climático que inicia en el campo termina repercutiendo en la actividad económica urbana.
Un reto para las políticas públicas
Los datos reflejan que prepararse frente a El Niño dejó de ser únicamente un tema ambiental y pasó a convertirse en un desafío económico para las MYPE agropecuarias.
Especialistas consideran que fortalecer la resiliencia del sector requiere políticas diferenciadas. Las empresas con mayor capacidad necesitan instrumentos que faciliten inversiones en adaptación, como crédito verde, asistencia técnica e información climática oportuna.
En cambio, las unidades de subsistencia demandan un respaldo más amplio que combine acceso al agua, acompañamiento técnico y programas de protección social, ya que el financiamiento por sí solo podría incrementar su vulnerabilidad.
En un escenario marcado por la variabilidad climática, la sostenibilidad de miles de microempresas dependerá no solo de su capacidad para adaptarse, sino también de la implementación de políticas que reduzcan las brechas existentes y garanticen la continuidad de uno de los sectores más importantes para la economía rural salvadoreña.
