El comienzo de 2024 trae buenas noticias: ningún país de ingreso bajo ha vuelto a realizar una solicitud importante de alivio integral de la deuda. A pesar de eso, persiste una serie de vulnerabilidades, y los elevados costos del servicio de la deuda suponen un desafío cada vez mayor para los países de ingreso bajo.

Las presiones financieras derivadas del pago de intereses relativamente altos y el ritmo al que los países de ingreso bajo deben reembolsar la deuda están tensionando los presupuestos. Esta situación impide que los países incrementen el gasto en servicios esenciales o que realicen las inversiones necesarias para atraer empresas, crear empleos, mejorar la prosperidad y aumentar la resiliencia al clima.

Un indicador importante es la proporción de los ingresos que los gobiernos recaudan de la ciudadanía, ya sea a través de impuestos u otro tipo de tasas, que se destina a pagar a acreedores extranjeros. Aunque la magnitud de la carga difiere de forma considerable entre los distintos países, por lo general se ha multiplicado por 2,5 en el último decenio. Esto implica que, para un prestatario habitual de ingreso bajo, la proporción ha aumentado de cerca del 6% a en torno al 14%, y en algunas economías ha pasado de cerca del 9% al 25%.

Además, en los próximos dos años, los países de ingreso bajo también deberán hacer frente a obligaciones de pago importantes. Necesitan refinanciar unos US$60.000 millones de deuda externa cada año, esto es, en torno a tres veces el promedio registrado en la década anterior a 2020.

Sin embargo, ante las múltiples demandas que compiten por financiamiento, también por parte de las economías avanzadas y de mercados emergentes que igualmente intentan adaptarse al cambio climático, existe un riesgo notable de compresión de la liquidez, es decir, de la imposibilidad de poder recaudar suficiente financiamiento a un costo asequible. A su vez, esto podría dar lugar a una desestabilizadora crisis de la deuda.